Hay un grupo de legisladores y servidores públicos que desean matar al Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) y hacerlo una burocracia inútil, advirtió la comisionada de ese órgano, María Marván.

Precisó que la decisión de los diputados de reservar el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) –en lugar de modificarlo como propone el Ifai, para que las resoluciones de ese instituto sean inatacables y definitivas–, busca que no haya información para los ciudadanos.

En entrevista, previó que “aceptar la reserva al 59 es comprar un marco de opacidad para trabajar en lo oscurito, de la misma manera que la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales compró a los ministerios públicos un manto de oscuridad para que nunca podamos conocer averiguaciones previas, ni de hace 10 años. Sería un absoluto retroceso”.

Antes, durante su participación en el seminario internacional sobre la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y su aplicación regional y en México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Marván dijo que el acceso a la información pública gubernamental no es una concesión graciosa de gobiernos paternalistas o liberales, sino un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado; por lo tanto no puede ser regateado.

En entrevista, advirtió que detrás de los argumentos de funcionarios y legisladores, que aducen que el ciudadano está en estado de indefensión porque no puede ir al amparo, se encuentra el propósito de anular las resoluciones de ese órgano.

Al subrayar que la ley actual permite que un ciudadano se ampare, destacó que es la quinta ocasión en que se amenaza al Ifai, pero si esta vez prospera la propuesta de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) revise las resoluciones del instituto, se le mataría.

Aceptar esa modificación, precisó, tendría varias afectaciones: En lugar de esperar cuatro o cinco meses para tener la información, podrían pasar hasta tres años para que el tribunal resuelva. Asimismo, éste se desnaturalizaría, porque está hecho para defender a los particulares de los actos de una autoridad administrativa, no para poner a pelear a dos autoridades del Poder Ejecutivo. Es decir, enredan las cosas de tal manera que lo que se asegura es que no haya información para los ciudadanos.