Dallas, 10 de marzo. El Senado de Carolina del Sur aprobó hoy una propuesta de ley de inmigración que, como la de Arizona, autoriza a la policía cuestionar –por una sospecha razonable– el estatus migratorio de personas arrestadas en esa entidad.

La iniciativa S.20, votada este jueves luego de un largo debate, pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde tiene amplias posibilidades de ser aprobada, al haberse convertido en prioridad del actual periodo legislativo.

De acuerdo con analistas políticos, la gobernadora republicana, Nikki Haley, quien sirvió dos periodos como representante estatal, es una promotora del endurecimiento de las leyes contra la inmigración ilegal y no existe duda de que firmará una iniciativa como la S.20.

En caso de ser aprobada y promulgada como ley, sin enmiendas a su texto, la S.20 podría tener una suerte similar a la SB 1070 de Arizona , cuyas partes claves permanecen suspendidas por una corte federal que analiza su constitucionalidad.

Tinte racial, como en Arizona

Los opositores de la iniciativa argumentan que el lenguaje del proyecto de ley hace que la sospecha razonable pueda ser motivada por la raza, el color o el origen nacional de la persona y fomentar el perfil racial, tal como se intenta en Arizona.

El senador estatal republicano Larry Martin explicó que la propuesta fue elaborada de forma que evitara demandas legales en contra, dado que los agentes de policía no podrán detener a nadie sólo por sospecha razonable.

Dicha condición de sospecha será aplicada sólo para quienes ya han sido detenidos o arrestados por otras causas, aclaró el legislador en un comunicado.

Sin embargo, la iniciativa contiene, además de la sospecha razonable, varias secciones controversiales en su afán de dotar al estado de Carolina del Sur de las herramientas necesarias para combatir por sí mismo la inmigración ilegal.

En una de las secciones se señala como delito estatal el ingresar o permanecer en forma indocumentada en territorio estadunidense y el que el inmigrante permita ser transportado o intente transportarse dentro de Carolina del Sur. También consigna como delito para cualquier persona que en forma consciente dé albergue o transporte a algún indocumentado.

El proyecto de ley convierte en delito el producir o vender una identificación falsa a un inmigrante y establece una multa de 25 mil dólares para castigar a quien incurra en ello.