Diputados de PRI, PRD y PT afirmaron que la operación Rápido y furioso, con la que Estados Unidos introdujo ilegalmente armas a México, constituyó la comisión de un delito que avivó la violencia en el país. Asimismo demandaron una investigación para sancionar a los funcionarios responsables en la administración de Barack Obama.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que se requiere de una explicación y eventualmente una posible demanda en el ámbito internacional por la injerencia de Washington en cuestiones internas de México.

Por separado, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), lamentó las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, quien aseguró que la política de Felipe Calderón contra el crimen ha fallado y adujo desconocer los detalles de Rápido y furioso.

Hay que decirle a la señora Napolitano que sus planes tampoco sirven porque, si ella no está enterada, hay que preguntar quiénes son los delincuentes, los funcionarios que fuera de la mirada del Congreso estadunidense, y de ella misma, tomaron esa iniciativa contra México.

Ramírez Marín evaluó que el plan para entregar armas a la delincuencia organizada no es la conducta de un socio comercial, menos la de un amigo, ni corresponde al derecho internacional. No puede ser que un país ajeno a otro planee la comisión de un delito y lo cometa. El gobierno de México debe pedir explicaciones, expuso.

A su vez, el coordinador del PRD en San Lázaro, Alejandro Encinas, atribuyó la entrega de armas a traficantes como una forma de inducción a la desestabilización de algunas regiones del país para justificar una intervención en México.

Encinas Rodríguez dijo que es suficiente analizar el amago de Washington, en el sentido de que quienes atenten contra sus agentes serán detenidos y castigados independientemente del lugar donde se encuentren.

Ergo, se refieren a México y esa es una intervención inaceptable para nuestro país donde, lamentablemente, la debilidad y la falta de una posición clara del gobierno demuestra que Calderón no está en condiciones de defender el interés nacional, expresó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Porfirio Muñoz Ledo (PT), sostuvo que no es creíble el argumento de Napolitano, porque si bien las agencias son independientes “hay una coordinación arriba. Claro que estaban enterados (de Rápido y furioso), porque si no lo sabe el de junto, lo sabe el de arriba”.

Muñoz Ledo sostuvo que el cargamento de armas fue fotografiado, seguido y bien pudo ser interceptado antes de llegar a México. Ahora nos traen a golpes mediáticos y es el inicio de una invasión silenciosa, como la que he venido anunciando desde hace meses.

En tanto, Plascencia Villanueva señaló que tendrá que investigarse con todo cuidado si eso fue parte de una operación con el consentimiento del Estado mexicano. Hay que distinguir la colaboración del intervencionismo con ánimos de desestabilizar.

Sostuvo finalmente que las autoridades mexicanas deben pedir explicaciones claras y precisas sobre dicha acción y definir las responsabilidades.