llá por mayo de 2007, cuando arrancaba el calderonato (si es que algún día realmente lo hizo), el Banco Mundial hizo una recomendación al inquilino de Los Pinos: si México desea mejorar la gobernabilidad, impulsar la democracia y lograr un crecimiento sostenido, deberá deshacerse de los grupos de interés y monopolios poderosos, toda vez que las distorsionadas políticas públicas son consecuencia de la excesiva influencia de las élites económicas y otros grupos de interés, como los líderes de las telecomunicaciones, que capturan la relación entre liderazgo político y los ciudadanos. La concentración del mercado y de la riqueza en pocos sectores ocasiona que en el terreno de juego en la política mexicana esté lejos de ser nivelado. El poder económico se traduce en influencia política, debilitando el peso relativo de la preferencia del elector promedio en el proceso político. La influencia de dichos grupos de poder se debe a su capacidad de intervenir en el diseño de políticas públicas, en especial para atacar u obstaculizar funciones o fuentes de ingresos claves para el Estado, o a la de comprar el apoyo de políticos con su influencia financiera.

Cuatro años después, con la gobernabilidad en el suelo y el mercado cada día más concentrado y trasnacionalizado, resulta más que obvio que el inquilino de Los Pinos procedió exactamente en sentido contrario a lo que aconsejaba el organismo financiero internacional, pues lejos de atender tal recomendación les dio aún más poder (político y económico), les concedió carta blanca, mayores zonas de influencia y negocios a manos llenas, de tal suerte que a estas alturas están desatados, más voraces que nunca y sin que autoridad alguna atine a qué hacer para calmar las aguas, no vaya ser que se molesten, especialmente en vísperas electorales. Una vez más, como en sexenios anteriores, los Frankenstein del régimen fácil y rápidamente se almorzaron a sus lánguidos promotores.

Allá por 1994, con la economía mexicana en picada (calentando motores para la espeluznante crisis de 1995), en la lista Forbes aparecieron 24 magnates mexicanos, casi todos de corte salinista, con fortunas conjuntas por 44 mil 100 millones de dólares (sin considerar los 3 mil millones que poco después la propia revista especializada atribuyó a Carlos Hank González, quien de inmediato pidió lo borraran). Esos caudales equivalían a 11 por ciento del producto interno bruto de entonces. De este total, alrededor de 15 por ciento (6 mil 600 millones de dólares) correspondieron a Carlos Slim, esto es, casi 2 por ciento del PIB para él solito. En 2005, con una tasa anual promedio de crecimiento de 2 por ciento, sólo aparecieron 10 magnates inventariados, pero sus fortunas conjuntas sumaron 50 mil 800 millones de dólares, alrededor de 7 por ciento del PIB. De este total, 60 por ciento (30 mil millones de dólares) correspondieron Carlos Slim (5 por ciento del PIB). Un lustro después (Forbes 2011, con cifras de 2010), la decena de empresarios acumuló 125 mil millones de dólares (12 por ciento del producto; 74 mil de ellos de Slim, o lo que es lo mismo, 7 por ciento del PIB), sin olvidar que la economía crece a una tasa anual promedio de 0.9 por ciento. Ahora, con una autoridad inexistente, los barones se han declarado la “guerra: unos quieren el monopolio del otro; éste el duopolio de la ahora pareja; ninguno el interés del país.

¿Qué decía el Banco Mundial en aquellos años?: las élites económico-políticas y demás grupos de poder se benefician del status quo y no tienen incentivos para cambiar su conducta. Hasta la fecha se ha observado un equilibrio político en el que estos grupos reciben rentas sustanciales a costa del dinamismo en el crecimiento. El patrón de concentración de la riqueza obstaculiza la competitividad y el crecimiento en la economía. En general, en los casos en los que el control oligárquico familiar de las actividades económicas es alto, el crecimiento es más bajo, empeora el nivel de salud, la calidad del gobierno y la desigualdad del ingreso crece.

Aunque los multimillonarios mexicanos en general no heredaron su riqueza, la ganaron mediante conexiones políticas y acceso privilegiado a los mercados, no por la innovación y el esfuerzo competitivo que se asocian con el crecimiento. En muchos casos, son los mismos grupos de interés que gozaban de acceso privilegiado a las rentas públicas durante la época del gobierno de un solo partido. Aunque el fin de la existencia del sistema unipartidista inspiró expectativas en torno al debilitamiento de las posturas privilegiadas de estos intereses creados y del inicio de una nueva era en la que se compartieran más ampliamente los beneficios de las políticas gubernamentales y el desarrollo económico, esto aún no ha sucedido.

No quedó allí: una serie de grupos de interés media, y muchas veces captura, la relación entre el liderazgo político y los ciudadanos en general, lo que afecta el suministro de bienes y servicios públicos. Su influencia se debe en parte a su capacidad de intervenir en el proceso de diseño de políticas públicas, en especial en lo relacionado con la capacidad de atacar u obstaculizar funciones o fuentes de ingreso que son claves para el Estado. Elecciones libres y competitivas deberían ser un buen medio para que el público en general se convirtiera en contrapeso de estos intereses especiales, pero se detecta una serie de obstáculos que limitan la capacidad de los votantes para demandar la rendición de cuentas de los políticos, con lo que se les permite seguir atendiendo estos intereses creados, en muchos casos, a costa de los intereses del público en general.

Cuando ciertas políticas públicas tendían a abrir las estructuras de los sectores acaparados, haciéndolos más competitivos, la decisión del gobierno tendió a favorecer la concentración del mercado. Los ganadores (de la privatización) son el reducido número de miembros de la elite económica, sólidamente establecida, mientras que los perdedores son los consumidores en general, quienes se ven obligados a afrontar mayores precios. Las empresas pequeñas deben enfrentar mayores costos con respecto a los que habrían prevalecido si la privatización hubiera sido menos amigable para los miembros de la elite económica.

Y van por más, en este gris gobierno que prometió combatir a los monopolios.

Las rebanadas del pastel

Como 1994, con la aparición de 24 multimillonarios autóctonos en medio de la crisis, ahora un integrante del gabinetazo calderonista de inmediato socializó sus sandeces: si le va bien a cualquier mexicano le va bien a México (presbítero Bruno Ferrari, feliz porque el hombre más rico del mundo es mexicano).

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