l grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó ayer un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el que se busca modernizar esa legislación, vigente desde 1970. Aunque en la exposición de motivos se asienta que el propósito de la reforma es generar más empleos sin alterar las conquistas y derechos de los trabajadores y sin vulnerar los principios plasmados en el artículo 123 de la Constitución, la propuesta priísta reviste aspectos sumamente ventajosos para los patrones y lesivos para los asalariados: entre otras cosas, abarata la mano de obra mediante la instauración de los contratos de prueba y la regulación de la subcontratación o outsourcing; facilita los despidos y prevé la notificación de éstos a las juntas de conciliación antes que a los propios empleados, restringe el derecho de huelga y mantiene intactos los mecanismos en que sustentan el control verticalista, opaco y mafioso del charrismo sindical.

Si se toma en cuenta que la iniciativa priísta tiene el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial –el cual, a decir de la coordinación del tricolor en San Lázaro, contribuyó en la elaboración del documento– es inevitable suponer que el proyecto presentado ayer es producto de una negociación entre las corporaciones sindicales priístas y el organismo cúpula de los empresarios. Los términos de ese canje están a la vista: el avance en la añeja pretensión de la patronal de flexibilizar en su favor el marco legal vigente en materia laboral a cambio de la preservación de privilegios y condiciones que se han traducido históricamente en prebendas, impunidades y tajadas de poder para las dirigencias gremiales del PRI.

Es imposible desvincular la iniciativa comentada de la que presentó, en marzo de 2010, la bancada de Acción Nacional en San Lázaro, cuyo planteamiento es similar en lo que toca a la severa afectación de los derechos de los trabajadores: significativamente, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, saludó ayer la iniciativa priísta y dijo que tiene muchas coincidencias con la presentada por su partido. Así pues, el tricolor y el blanquiazul se erigen en defensores de un proyecto de reforma laboral contrario a los trabajadores y al mandato constitucional en la materia, y en el que se integran los aspectos más nocivos del neoliberalismo económico y del autoritarismo político.

En años recientes esa convergencia se ha expresado en el deterioro profundo de las condiciones de vida de los asalariados, en la falta de empleo formal, en la precarización de las condiciones laborales y en una injusta contención salarial –pactada, por cierto, con el aval de las organizaciones obreras oficialistas y de las cúpulas empresariales–, pero también en una ofensiva recurrente contra expresiones sindicales críticas e independientes.

En suma, con las propuestas de reforma laboral presentadas por el PRI y el PAN, el grupo en el poder ratifica su profundo espíritu antilaboral: parece que, para ese binomio partidista y para los gobiernos del ciclo neoliberal, la vida de los trabajadores carece de relevancia y sólo se les atiende cuando se trata de extraer votos en favor del oficialismo o de organismos sindicales antidemocráticos y clientelares como los que respaldan, ahora, la iniciativa del tricolor.