París, Francia., 8 de marzo. Las esperanzas que quedaban de realizar el Año de México en Francia se desvanecieron definitivamente este martes, cuando el Instituto Francés, organizador de las actividades en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores galo, señaló en un comunicado oficial la imposibilidad de llevarlas a cabo, responsabilizando a la parte mexicana.

El anuncio se da un día después de que la representación legal de Florence Cassez –la ciudadana francesa condenada en México a 60 años de prisión por el delito de secuestro– presentó un recurso de revisión del caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En coincidencia con el anuncio, el gobierno francés refrendó hoy su convicción de que Cassez no tuvo un juicio justo y equitativo y que el procedimiento legal estuvo empañado por numerosas irregularidades.

Bernard Valero, vocero del ministerio de Relaciones Exteriores francés, reiteró que el gobierno de su país desea una solución en el contexto del derecho.

La anulación definitiva del Año de México en Francia, en cuya producción el gobierno mexicano ya había invertido 22 millones de euros (cerca de 373 millones de pesos), es una etapa más del conflicto diplomático que sostienen ambos países, después de que el 10 de febrero un tribunal mexicano desechó un recurso de amparo.

En respuesta, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, dijo que dedicaría cada actividad del Año de México en Francia –organizado con tres año de anticipación– a su compatriota apresada. Fue entonces que el gobierno de Felipe Calderón optó por retirarse de las celebraciones por estar vinculadas con un asunto estrictamente jurídico.

El Instituto Francés indicó en el comunicado emitido ayer, que los comisarios mexicanos y franceses se reunirán la semana próxima en París para adoptar las medidas administrativas y financieras impuestas por la situación. La parte mexicana se haría cargo de la producción de las obras y espectáculos a presentarse, y así como del transporte, los boletos de avión para los artistas y la difusión; Francia debería asumir los gastos de instalación y actividades previstas.

Mientras tanto, el abogado francés de Cassez, Frank Berto, se mostró reservado sobre las posibilidades de su defendida, pero señaló que quiere agotar todas las instancias que le ofrece el código Penal mexicano. De no prosperar, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El padre de Florence Cassez dijo por su parte que tienen confianza en que el nuevo recurso legal de su hija sea tomado en cuenta.