El caso de los ataques sexuales contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo es una muestra de la violencia institucional que padecen todas las mujeres en el país, fenómeno que se ha agudizado a causa de la guerra contra el crimen organizado y la militarización de la sociedad mexicana, afirmaron activistas de diversos colectivos civiles.

Durante un foro convocado ayer por Amnistía Internacional México, en el cual se analizó la trascendencia del caso de ambas indígenas, violadas en 2002 por miembros del Ejército, los asistentes señalaron que la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón ha servido de pretexto para intimidar a los grupos inconformes.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, hizo un breve repaso de las agresiones sufridas por Rosendo y Fernández, que desembocaron en una sentencia en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicha instancia pudo comprobar las violaciones contra las dos mujeres, ocurridas en una de las zonas más pobres del país, donde la militarización no ha servido para proteger a las personas, sino como herramienta de control social para inhibir la organización de las comunidades.

Entre toda la complejidad del caso, apuntó, hay tres elementos que obstaculizaron siempre el acceso a la justicia para ambas indígenas: la falta de accesibilidad a los juzgados, la ineficiencia de las autoridades una vez iniciada la investigación y las amenazas contra las quejosas para obligarlas a desistirse.

Por su parte, Alejandra Nuño, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), resaltó que los ataques sexuales y la posterior defensa de los soldados a cargo de las autoridades violaron tres tratados internacionales firmados por México, cuyo gobierno se ha negado a cumplir la sentencia, e incluso la puso en duda al pedir a la CIDH una solicitud de interpretación.

El fondo en el caso fue no reconocer la participación de los militares en las violaciones, lo cual genera una gran preocupación y pone en riesgo a Inés y Valentina, sus familiares y a quienes ayudaron en su defensa, porque envía el mensaje de que este tipo de delitos pueden quedar en la impunidad.

Aída Hernández, perito cultural, aseveró que las violaciones no sólo afectaron a las dos mujeres atacadas, sino que fueron entendidas por el pueblo como una afrenta contra toda la comunidad, lo que fracturó irremediablemente el tejido social.

La investigadora del Centro de Estudios Superiores en Antropología Social señaló que una forma de resarcimiento de lo ocurrido sería el retiro de las fuerzas militares de todo el país, ya que dicha situación pone en grave riesgo la integridad de los civiles.

Para concluir, Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, y Luisa Pérez, integrante del equipo jurídico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayaron la necesidad de que se reforme el fuero militar y se cree cuanto antes un organismo de protección para defensores de derechos humanos.