Bogotá, 8 de marzo. La fiscalía colombiana solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue al ex presidente Álvaro Uribe por su posible participación en espionaje ilegal previo al año 2005, en un caso de seguimiento e intercepciones a políticos, magistrados, opositores, periodistas y activistas de derechos humanos.

En una decisión en la cual una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a cinco ex funcionarios del controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), el ente acusador remitió las copias pertinentes para que se abra una pesquisa contra el ex mandatario derechista.

Los llamados a juicio son Jean Carlo Auque de Silvestre, ex director de inteligencia del DAS; Mario Orlando Ortiz, subdirector de Contrainteligencia; Rodolfo Medina Alemán, subdirector de Contrainteligencia; Eduardo Aya Castro, ex subdirector de Operaciones; e Ignacio Moreno Tamayo, ex subdirector de Fuentes Humanas.

Todos serán procesados por las actividades ilegales del denominado G-3, grupo de inteligencia creado durante la administración de Uribe específicamente para las actividades de espionaje. El ex mandatario conservador declaró a la prensa que responderá a estas denuncias diciendo que sirvió al país con honor y con amor.

Las acusaciones que pesan sobre los referidos ex funcionarios son concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, hasta abuso de autoridad. En tanto, uno de los inculpados involucró con su testimonio directamente al ex mandatario, de acuerdo con trascendidos.

Uribe tiene una investigación vigente en la Cámara de Representantes por espionaje ilegal después de 2005. En ese entonces estaban al frente del DAS María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate, indistintamente. Ambos ya rindieron su interrogatorio y están pendientes de un llamado a imputación de cargos que se podría dar a conocer esta semana.

En tanto, se informó que fuerzas militares lograron la liberación de 22 trabajadores petroleros de la empresa canadiense Talismán, secuestrados el lunes en Vichada por tres hombres acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Mientras, seis ex rehenes de las FARC reclamaron al Estado colombiano una indemnización de unos 20 millones de dólares, tras alegar desprotección de las autoridades, anunció el ex diputado Sigifredo López, quien añadió que buscan que se incauten bienes a las FARC para que se les reparen los daños.

El gobierno colombiano, a su vez, negó cerca de 170 solicitudes de indulto realizadas por ex guerrilleros desmovilizados, al considerar que incurrieron en delitos de lesa humanidad.