El Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha incurrido en ilegalidades al otorgar información sobre la supervía poniente, pues declaró inexistente el programa de liberación del derecho de vía, a pesar de que el documento ya se encontraba en el archivo de la Oficialía Mayor.

Lo anterior representa una violación a la fracción novena del artículo 93 de la Ley de Transparencia, por lo que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf) determinó dar vista a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal para que empiece la investigación correspondiente.

En sesión extraordinaria, el pleno del Infodf resolvió el recurso de revisión 1866/2010, con lo cual la Oficialía Mayor está obligada a hacer públicos los anexos 15 y 14 del título de concesión de la carretera urbana de peaje. Los documentos se refieren a los programas de obras y liberación de derecho de vía, respectivamente.

Los ciudadanos que están en contra de la carretera urbana de cuota han denunciado que el gobierno de Marcelo Ebrard, en su afán por mantener la concesión a las empresas OHL y Copri, ha ocultado datos.

Dicha aseveración fue corroborada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ya que en la recomendación 1/2011 se señala que uno de los derechos violentados fue el de acceso a la información.

Los anexos 10 y 21, referentes al plan económico financiero y a la recuperación de la inversión total y las ganancias que se espera genere el proyecto, fueron reservados por las autoridades. Dicha información resulta fundamental, ya que el título de concesión estipula que, en caso de que las empresas no obtengan la utilidad prevista, la concesión a 30 años podrá extenderse.

En la tarde, integrantes del Frente Amplio se congregaron en la glorieta de San Jerónimo. Durante la protesta, denominada concentración de conciencias, los activistas reiteraron que la supervía es una obra viciada de origen, que carece de consulta pública.

Los activistas recordaron que fue adjudicada de manera directa a COPRI y OHL, y aseguraron que el GDF firmó con dichas empresas un contrato leonino, el cual pone en grave riesgo las finanzas públicas del Distrito Federal.