Ante la propuesta de descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa acordaron establecer mesas de trabajo, con la participación de especialistas nacionales y extranjeros, para conocer en qué ruta va la administración del agua en el mundo, y los riesgos que implica dejar de verla como un derecho que tienen todos los ciudadanos y convertirla en un servicio por el cual se debe pagar.

Al término de la reunión que sostuvo el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón, con trabajadoras, la diputada local del PRD Aleida Alavez señaló que la preocupación de las autoridades capitalinas de dónde sacar los recursos para atender este problema es muy legítima, pero es posible sumar los 2 mil millones de pesos de participaciones federales con los 3 mil millones que ingresan por pago de servicios.

Tenemos que ser congruentes, garantizar que el agua se preste a la población como un derecho, no como un servicio, y como tal debe ser resguardado por la ALDF, no por una instancia descentralizada, como sucede con la luz, donde no podemos intervenir o decir estas tarifas son injustas, no paguemos. Si permitimos eso en el agua, estaríamos en la misma situación, advirtió.

Por ello se determinó establecer, junto con el SACM, mesas de trabajo donde participarán los integrantes de la Comisión Integral de Gestión del Agua, un grupo especial de la Comisión de Gobierno, los coordinadores de las fracciones del PRD, Alejandra Barrales; del PAN, Mariana Gómez del Campo; del PRI, Israel Betanzos, y del PT, Adolfo Orive, así como especialistas, pues el Estado debe resguardar los bienes básicos como el agua, argumentó Alavez.

Los resultados del debate determinarán si se aprueba este proyecto de descentralización, en el cual una instancia decidirá tarifas, formas de prestación del servicio y otorgamiento del agua en bloque, lo cual se prestaría para revenderla en lugares donde no se tiene, como Iztapalapa, donde 200 mil personas la reciben diariamente por tandeo, sin regulación de precios. Ése es un riesgo que debemos asumir, como tal, afirmó.

Debemos darnos el tiempo necesario para que la iniciativa sea lo más responsable posible. No habrá una aprobación al vapor, es un tema muy delicado y no podemos obligarnos a integrarnos a una política pública neoliberal que plantea convertir el agua en un servicio, una mercancía por la cual se pague. La participación de especialistas como Mireya Imaz, Pablo Yáñez y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros, nos ayudará en esta discusión y para evitar que se afecte a la población más vulnerable, consideró.