El juzgado 12 de distrito en materia administrativa, a cargo de Blanca Lobo Domínguez, no juzgará la película Presunto culpable ni su contenido, y haber ordenado que se suspendiera su exhibición no constituye un acto de censura, aseveró el magistrado Juan Carlos Cruz Razo, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien no descartó que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En tanto, a más tardar el próximo miércoles el sexto tribunal colegiado en materia administrativa en la ciudad de México, integrado por tres ministros, deberá resolver si estuvo apegada a derecho la decisión de la juez Blanca Lobo.

Lo anterior, luego de que este viernes la empresa Cinépolis, la productora del filme Layda Negrete e integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) promovieran recursos de impugnación contra la suspensión provisional que concedió la juez.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) revelaron que los tres impugnadores argumentaron ser terceros perjudicados por la decisión de que no se proyecte más el documental, que cuenta la historia real de un preso acusado injustamente de asesinato ante autoridades del Distrito Federal.

En entrevista con La Jornada, el magistrado Juan Carlos Cruz Razo explicó que el hecho de que la juez ordenara no proyectar más Presunto culpable tuvo la finalidad de garantizar los derechos de quien solicitó el amparo, Víctor Reyes Bravo (único testigo y primo de la víctima, Juan Carlos Reyes), quien aseguró a la juzgadora que cada proyección vulnera su derecho a la intimidad, le afecta socialmente y pone en riesgo su vida.

La decisión de la juez tuvo la finalidad de evitar que se incurriera en un daño difícil de reparar; sin embargo, esta suspensión provisional no significa que Presunto culpable no vaya a ser proyectada nunca más, expuso el magistrado.

De entrada, corresponderá a un tribunal colegiado decidir si tuvo razón la juez para ordenar que no se proyectara, y además fijará en qué estado deben quedar las cosas hasta que termine el juicio de amparo, agregó.

Explicó que la demanda de amparo promovida por Víctor Reyes no es contra los productores, distribuidores o proyectadores de la cinta, sino contra la autorización que dio la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación para la exhibición del documental, ya que él nunca autorizó que sus testimonios durante el proceso penal fueran presentados públicamente.

Señaló que el caso no puede ser visto como una censura por parte del PJF, porque lo que se presenta en el filme no ocurre ante autoridades federales, sino del Distrito Federal.

Aun cuando en todos lados hay fallas que deben ser atendidas, apuntó el magistrado, este caso debe ser visto como una oportunidad para corregir errores y para que los encargados de legislar aprueben reformas que están pendientes.