erá producto de sus terribles carencias visuales o, de plano, de su avanzada dislexia, pero el hecho es que el gobierno calderonista, con el inquilino de Los Pinos en primer plano, no sólo tiene la fea costumbre de leer de derecha a extrema derecha, sino el notorio defecto de interpretar la ley en sentido exactamente contrario al que ésta obliga. Su problema debe ser de esa naturaleza, porque la intención, según ellos, nunca es privatizar las empresas del Estado. El caso más reciente lo aporta el director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, quien, con gozo, recién anunció el arranque de los llamados contratos incentivados, los cuales permiten al capital privado meterse hasta la cocina de la paraestatal, en un operativo de alcance similar al exitosamente probado en la Comisión Federal de Electricidad para la cogeneración eléctrica.

Suárez Coppel (un Chicago boy, que antes de incorporarse al sector público laboró en Banamex, Televisa y el Grupo Modelo, entre otros) aseguró que los susodichos contratos son lo máximo, porque ponen a Pemex a la misma altura que las grandes petroleras mundiales, y lo dijo sin saber que sin la mano privada la paraestatal de mucho tiempo atrás forma parte de las grandes petroleras mundiales. De hecho, es uno de los consorcios del ramo que mayor margen de ganancia reporta… antes de que la mano expoliadora de la Secretaría de Hacienda le quite todas las utilidades y le exija una porción adicional. Desde su fundación, Pemex ha sido grande, a pesar de la enorme corrupción gubernamental, sindical y privada que registra, y el paso de cinco gobiernos neoliberales que no tienen en mente más que su privatización.

El problema comienza con la lectura que de la Constitución hace tal funcionario, en particular, y el gobierno calderonista, en general. La Carta Magna es muy clara: “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública…” Más claro, el aire, pero en Los Pinos y en la Torre de Marina Nacional creen haber leído lo siguiente: “el capital privado tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad del Estado las modalidades que dicte el interés particular, así como el de regular, en beneficio propio, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución inequitativa de la riqueza pública…”.

Y con esta última lectura es que ha ofrecido los citados contratos incentivados, los cuales, por cierto, en ninguna parte de la ley aparecen registrados. De hecho, la Constitución obliga a lo siguiente: “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva…” En la Ley Reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo queda claro que “en ningún caso (…) se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad contratante”, o lo que es lo mismo, lo que ofrecen los contratos incentivados.

Queda claro lo que establece la ley, pero según la lectura de Suárez Coppel “una cosa es (aplicar) mejores prácticas de gobierno corporativo y otra es privatizar. Una cosa es darle más valor a nuestra empresa y otra es venderla (…) y lo que estamos haciendo es para darle valor a Pemex y para que la empresa le cree más valor a los mexicanos”. Compartir ganancias con el capital privado en un área constitucionalmente estratégica no parece ser la mejor idea para darle valor a la paraestatal y repartirlo entre los mexicanos.

Si algo le quita valor a Pemex es el depredador régimen fiscal al que lo obligan. Es ridículo, por decir lo menos, que el 100 por ciento de las ganancias de la empresa (más 20 por ciento que, endeudándose, debe enterar de forma adicional) terminen en la Secretaría de Hacienda. Ninguna de las grandes empresas petroleras paga en impuestos lo que Pemex. Como bien lo apunta un análisis de la Cámara de Diputados, la adopción (desde el salinato) del modelo atomizado por Pemex, se dirigió a consolidar una fuente de ingreso primario del gobierno, antes que considerar a la paraestatal como una empresa del Estado. Las consecuencias objetivas han sido el debilitamiento del potencial productivo y tecnológico, así como la descapitalización de Pemex.

Con un régimen fiscal equivalente al del promedio de las principales empresas petroleras internacionales, en 2009, por ejemplo, Pemex podría haber generado una utilidad neta de 15 mil millones de dólares muy similar a la registrada por esos consorcios, lo que sería de gran beneficio para fortalecer el débil capital de la empresa e incrementar sensiblemente los niveles de inversión. Sin embargo, la expoliación del gobierno central llevó a la paraestatal a registrar un déficit de 7 mil millones de dólares, mientras que su deuda, al cierre de ese año, resultó ser la más elevada de las principales empresas petroleras internacionales, no obstante que es una empresa rentable tanto por sus ventas en el mercado nacional, como por el crecimiento de sus exportaciones.

En un escenario medio como en el resto de las empresas petroleras consideradas en el análisis de la Cámara de Diputados, entre 1997 y 2009 Pemex hubiera pagado al fisco 2.95 billones de impuestos y derechos, 56.53 por ciento de las utilidades antes de impuestos y derechos (este fue el porcentaje que pagaron las 11 empresas petroleras que se incluyen en el presente reporte y que correspondió al aplicado en 2008; en 2009, la retención promedio fue de 47.42 por ciento, que de haberse aplicado el escenario podría haber sido mejor para Pemex) y reportado utilidades por 2.1 billones de pesos. Lo anterior sin considerar el probable impacto favorable en la expansión de los proyectos que hubiera significado la reinversión de utilidades. En los hechos, pagó impuestos cercanos a 6 billones de pesos en el citado periodo.

Las rebanadas del pastel

Bonita forma de darle valor a Pemex y ahora lo quieren mejorar con la participación privada y los contratos incentivados.

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