Intelectuales pidieron detener el amago de censura que significa la orden de suspender la exhibición del documental Presunto culpable, emitida por la juez federal Blanca Lobo, cuya decisión calificaron como miedo a la verdad que expone este retrato del sistema judicial y la procuración de justicia en México.

Vicente Leñero, Paco Ignacio Taibo II, Estela Leñero, Luis de Tavira, David Olguín y Ana Francis Mor se manifestaron sobre el tema en sendas entrevistas con La Jornada.

Vicente Leñero, periodista y narrador, afirmó que la decisión judicial es evidentemente un acto de censura contra el cine, por más que se le disfrace de otra cosa. Y es una demostración de que la censura existe todavía en nuestro ambiente cultural.

En tanto, el historiador Paco Ignacio Taibo II lamentó la determinación y dijo: Es la misma historia de siempre, el mismo proceso de censura. Creo que los productores de la película estarán contentos porque la reacción popular desde abajo será hacer de la cinta una de las más vistas en México. Los censuradores deberían entender eso, pero nunca aprenden. Sin embargo, es muy confuso el entramado jurídico.

Agregó: ¿Qué está detrás de ese testigo?, ¿el sistema judicial porque se siente ofendido? Lo que pensamos todos los mexicanos es mucho peor que lo que se dice en el documental: es un sistema judicial ineficiente, incapaz y mediocre.

Por su lado, el director de teatro Luis de Tavira manifestó que “el documental Presunto culpable pone en evidencia la manera tan terrible de la procuración de justicia en nuestro país, lo que no es un secreto para nadie sobre lo que puede esperar un ciudadano mexicano frente a ese sistema”.

Resaltó que más grave y torpe sería practicar la censura con el argumento que se quiera. Es algo que no podemos permitir. Tenemos que protestar en cada ocasión con toda la energía del caso, porque nada bueno puede salir de ahí. Ese tipo de acciones (judiciales) son los argumentos del miedo a la verdad, que es lo único que puede darnos la libertad; es lamentable e inaceptable lo que está pasando.

Por su parte, la dramaturga Estela Leñero encontró “escandaloso el que siempre se quiera ejercer la censura con tintes legales. La ley de nueva cuenta se utiliza según conviene a los intereses que la ejercen, y en el caso de Presunto culpable es muy claro. El objetivo es enfriar la película al darse cuenta del impacto que ocasionó al retratar la realidad y los intereses que hay detrás del descuido del sistema judicial y la procuración de justicia. Todos sabemos que eso es una práctica generalizada y ese cuestionamiento no fue del gusto de mucha gente. Buscaron y encontraron el pretexto para que alguien hiciera tal demanda.

Es un vil y evidente ejercicio de censura en el que el Poder Judicial se respalda con la ley, manipulándola a su gusto.

Un secreto a voces

El director escénico David Olguín dijo: El argumento que da Roberto Hernández, realizador del documental, es muy claro en el sentido de ventilar los procesos judiciales de manera pública. Lo que hace ese documento cinematográfico es exhibir un secreto a voces. Sin duda se trata de un crudo retrato del sistema de procuración de justicia y algo así provoca una respuesta como la que está dando el Poder Judicial: una censura. Un acto de esa naturaleza lo que hace es publicitar ese documento estremecedor, por lo que se requiere de un movimiento colectivo para defenderlo.

Ana Francis Mor, actriz e integrante del grupo de teatro-cabaret Las reinas chulas, opinó que querer sacar de la cartelera cinematográfica un documental así es como buscar tapar el sol con un dedo. Es muy sabido que el sistema de procuración de justicia en nuestro país está para llorar, que funciona muy mal. Por eso es muy valioso un documental que justo retrata eso y que gracias a que está ahí pueden ocurrir cosas distintas”.

También destacó la labor de los realizadores de lo que consideró una iniciativa ciudadana muy importante. En la sociedad civil nos hemos encontrado con que nos tenemos que proteger a nosotros mismos, que no podemos contar con el Estado para que garantice nuestros derechos y ese documental es una muestra más de ello. Me parece que a las autoridades les va salir más caro el escándalo, cuando la sociedad civil ya no está para eso.