Para la Secretaría de Gobernación (SG), la resolución de la juez que atiende el caso del documental Presunto culpable es oscura, confusa y ambigua, porque le solicita a esta dependencia que ejecute acciones que están fuera de sus atribuciones, como prohibir la proyección, distribución y publicidad de la cinta. Además, porque emite una suspensión provisional respecto de un acto consumado, advirtió Héctor Villarreal Ordóñez, subsecretario de Normatividad de Medios.

Ante ello, la dependencia pedirá a la juez aclaraciones acerca de los alcances de la notificación que llegó ayer a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), la cual deberá responder en un plazo que vence la tarde de este viernes.

Gobernación no ha dicho si tras recibir la respuesta a sus dudas informará lo conducente al distribuidor, de ahí que mientras ello no ocurra Presunto culpable seguirá en cartelera.

En este momento la película se está exhibiendo en las salas cinematográficas en los horarios anunciados, con absoluto apego a la legalidad, porque el distribuidor no ha sido notificado formalmente de esta suspensión. Por tanto, sigue proyectándose en los términos de los convenios comerciales entre el distribuidor (Cinépolis) y las cadenas de exhibición, dijo el subsecretario.

La libertad de expresión es prioritaria

Lo único que la Secretaría de Gobernación ha confirmado es que combatirá jurídicamente la suspensión provisional otorgada por la juez, porque están convencidos de que clasificaron y autorizaron la exhibición de la película con base en la ley. Reveló que hace algunas semanas familiares del personaje asesinado (caso que motivó la producción del documental) ya habían solicitado un amparo –como vía para obtener la orden de un juez para interrumpir la exhibición de la cinta–, pero les fue negada la suspensión provisional.

Ante la polémica del caso, que deriva en críticas hacia la juez y presunciones acerca de la práctica de la censura en México, Villarreal dijo que si bien las vías para los derechos civiles o penales están vigentes, no coincidimos en que la defensa de estos derechos deba hacerse a costa de la libertad de expresión, sobre todo en un marco legal en donde no hay censura previa, es decir, revisar publicaciones, guiones o contenidos antes de su difusión.

En México no se corta, no se pone o se sugiere nada; cuando tú escribes una nota periodística o un libro, lo haces con absoluta libertad. Si en ese libro o en esa nota llegas a afectar los legítimos intereses de otra persona, por la vía civil y hasta por la vía penal te pueden demandar por ese hecho, señaló en entrevista.

–Recientemente estuvieron los casos de Carmen Aristegui y el de los cables de Wikileaks...

–Son casos diferentes, pero rechazo categóricamente cualquier acción, actitud o insinuación dirigida a violentar la libertad de expresión. La instrucción del presidente Calderón siempre ha sido respeto, defensa y promoción del ejercicio de la libertad de expresión –señaló Villarreal, quien al inicio del sexenio fue director del Instituto Mexicano de la Radio.

Al subsecretario, el documental en cuestión le pareció muy interesante, lo mismo que –refiere– al secretario Francisco Blake, quien lo vio antes de su exhibición comercial, luego de que RTC ya lo había clasificado y autorizado.

Esa producción es atractiva y por el simple hecho de ser una cinta mexicana, nos anima. Tiene un formato innovador, hace un planteamiento interesante desde varias perspectivas (pero) un análisis de otro tipo, respecto de su contenido, no tengo el conocimiento que haya ocurrido (en el gobierno), aseveró.

Por lo pronto, RTC prepara su cuestionario de precisiones para la juez y le resulta previsible que el distribuidor haga lo propio para proceder por la vía jurídica que le convenga. Según Gobernación, con ello ya estará cumpliendo el mandato judicial, pero a la vez defendiendo la actuación y criterio de RTC. con la convicción –dijo– de que la película debe seguir en cartelera.