El Tribunal Latinoamericano del Agua reiteró su preocupación por la grave situación que persiste en el río Santiago, ubicado en Jalisco, debido a que se profundizan las afectaciones ambientales y a la salud de los 150 mil pobladores de los municipios de El Salto y Juanacatlán.

La instancia internacional de justicia ambiental para la discusión y análisis de controversias en América Latina expresó lo anterior, debido al tipo de respuestas públicas que las autoridades del Estado mexicano, de Jalisco y de los distintos gobiernos municipales involucrados están dando al caso del río Santiago.

Agregó que se identifica una estrategia mediática que busca relativizar el problema y dar a las soluciones técnicas parciales un alcance que no corresponde al de una visión integral capaz de solucionar de fondo los problemas ambientales y los conflictos sociales que genera la situación del río, a lo que se agrega el franco avance de políticas urbanas, comerciales e industriales insustentables y excluyentes.

Con esto –precisó– se fortalece la tendencia a la degradación, y si bien las soluciones técnicas pueden ayudar a resolver algunos aspectos importantes del problema, es necesario que en el caso del río Santiago se incorpore de manera decidida la perspectiva ecológica del ciclo del agua, así como la necesidad de una verdadera, consistente y efectiva participación social, para dar tratamiento profundo a las causas de la contaminación, no sólo a sus efectos.

Después de conocer la información de seguimiento sobre este caso, el Tribunal Latinoamericano del Agua considera que aún no hay avances consistentes para resolver la situación del río Santiago, por lo cual insiste en que las autoridades involucradas asuman con compromiso ético el veredicto hecho en su audiencia pública en Guadalajara, durante octubre de 2007.

El caso del río Santiago fue presentado ante el tribunal por organizaciones civiles, debido a que funciona como receptor de aguas residuales e industriales de la zona metropolitana de Guadalajara. Argumentaron que es insuficiente e ineficaz el manejo de las plantas de tratamiento y no se han ejecutado los planes de saneamiento.

Frente a ello, en 2007 el tribunal resolvió responsabilizar a las autoridades de los tres niveles de gobierno por el alarmante deterioro del río Santiago y la cuenca a la cual pertenece.