En una declaración desde el penal de Playas de Catazajá, Chiapas, nueve campesinos tzeltales de la otra campaña presos de San Sebastián Bachajón declararon: Únicamente nos tienen presos a cambio de nuestras tierras. Otro de ellos se encuentra en la prisión juvenil Villa Crisol (municipio de Berriozábal).

Denuncian que representantes gubernamentales los han visitado repetidamente en el reclusorio “con la propuesta de que nosotros diéramos el compromiso para aceptar el diálogo por el territorio donde se ubica la caseta de cobro del ejido, en al acceso a las cascadas de Agua Azul, exigiéndonos aceptar sus propuestas sobre el ‘diálogo’ de lo que pertenece en el ejido”. Los funcionarios prometen liberarlos, pero bien sabemos que las autoridades son muy mañosos y pretenden apoderarse de los recursos y las tierras de nuestros antepasados.

Los representantes gubernamentales argumentan un acuerdo con ejidatarios oficialistas encabezados por Francisco Guzmán Jiménez (Goyito) y Melchorio Pérez Moreno. Los reclusos sostienen que los del gobierno estatal son mentirosos, corruptos y traicioneros, y que a los dirigentes oficialistas se les proporcionan carros del año para que acepten convencer a la gente que entregue los terrenos que les dejaron sus padres. Y reiteran: Nos tienen presos injustamente. El mal gobierno sabe que no tenemos que ver nada en el asunto del 2 de febrero. Como se recordará, ese día perdió la vida uno de los agresores oficialistas, en torno a la caseta de cobro de los ejidatarios de la otra campaña, recién despojados de ella a balazos.

En tanto, durante una visita al penal de Catazajá, nueve reconocidas organizaciones civiles que integran la Red por la Paz Chiapas, respaldaron a estos indígenas, detenidos el 3 de febrero. La red expresó su rechazo “a la nueva ola de violencia en el estado, y en este contexto de deterioro, vemos con preocupación la falta de voluntad o capacidad del gobierno para intervenir en los conflictos, evitando abordarlos, o bien buscando ‘soluciones’ a corto plazo y, de no lograrse, recurriendo a la represión contra grupos contrarios a su política”.

Los recientes ataques en San Sebastián y Mitzitón son una expresión más de esta conflictividad social, (pues) ambos conflictos han crecido en violencia y polarización, y una solución dialogada y pacífica se hace cada día más urgente. La red apunta que, en el primer caso, los grupos confrontados habían establecido mecanismos de diálogo, para construir soluciones que garantizaran la unidad del ejido, así como el control de los recursos naturales para beneficio de sus pobladores. Está vía negociada se interrumpió con la acción unilateral, respaldada por el gobierno del estado, para ocupar por la fuerza la caseta de cobro, reprimir a una de las partes en el conflicto y condicionar la liberación de presos a la aceptación de las condiciones impuestas. En vez de privilegiar el diálogo, el gobierno intervino reprimiendo y terminó administrando el conflicto tomando control de la zona.

Este método ya se utilizó por los gobiernos de Ruiz Ferro y Albores Guillén, en las zonas Norte y Altos. El resultado de esta estrategia fue un alto número de muertos, desapariciones, miles de desplazados y la destrucción del tejido social. Repetir esta manera de actuar es un grave error en este tiempo de creciente violencia en el país, concluye la Red por la Paz.

Por su parte, una caravana de diversas organizaciones chiapanecas de mujeres, tras visitar en días pasados a los presos en Catazajá, concluyó: La guerra en Chiapas ya no se puede ocultar con promesas ni con la guerra contra el crimen organizado. La violación a la autonomía de las comunidades es parte de las estrategias actualmente dirigidas contra la resistencia organizada en San Sebastián, Mitzitón, Tila y Chicomuselo.