Los tres jóvenes abogados, defensores de derechos humanos, detenidos en Pijijiapan (Chiapas) el pasado día 22, fueron internados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, El Amate, en Cintalapa. José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, así como Nataniel Hernández Núñez, director del mismo, con sede en la ciudad de Tonalá, son acusados del delito de motín.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) manifestó su preocupación por esta detención, efectuada cuando los abogados realizaban actividades de observación y documentación de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales mientras se realizaba un bloqueo carretero en el tramo Tonalá-Pijijiapan, en el punto conocido como La Pilita. Inicialmente, las policías federal y estatal detuvieron a medio centenar de manifestantes.

En el bloqueo, organizado por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, participaban varias comunidades de los municipios de Mapastepec, Tonalá y Pijijiapan, en el contexto de las acciones de protesta de diversas organizaciones civiles, comunidades indígenas y campesinas demandando la liberación de 10 ejidatarios tzeltales, adherentes a la otra campaña de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, detenidos a principios de febrero y actualmente presos en el penal de Playas de Catazajá.

Los defensores del Centro Digna Ochoa presos en El Amate, municipio de Cintalapa, fueron puestos a disposición del juzgado primero penal bajo el expediente 34/201. El juez retiró los cargos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, y sólo mantuvo el presunto delito de motín.

El Centro Digna Ochoa denunció por su parte que el encarcelamiento de sus compañeros significa que continúa la criminalización contra los defensores de derechos humanos por parte del gobierno de Chiapas.

La relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado que los gobiernos suelen servirse del sistema judicial como instrumento de hostilidad y castigo contra defensores de derechos humanos. A fin de disipar toda impresión de que, en su opinión, la defensa de los derechos humanos sea un acto delictivo, normalmente acusan a los defensores de los derechos humanos de delitos contra la seguridad del Estado.

En consecuencia, el CDHFBC teme la utilización de acciones legales contra defensores con el objeto de hostigarlos judicialmente y desprestigiar su trabajo. Por lo tanto, exige al gobierno de Chiapas que cumpla con su obligación de poner fin a todo tipo de agresión y obstrucción al trabajo de los defensores.

Cabe recordar que en junio de 2010, Nataniel Hernández Núñez ya había sido objeto de hostigamiento judicial, acusado de ataques a las vías generales de comunicación, en relación con otras protestas en la costa chiapaneca.