a estrategia del gobierno mexicano que oculta la realidad del modelo sindical prevaleciente en el país sufre crecientes descalabros en la medida que las principales organizaciones gremiales del mundo la denuncian y se movilizan en su contra, por considerarla contraria a los principios contenidos en los acuerdos internacionales en materia de libertad sindical, contratación colectiva y derechos humanos laborales. Alimenta esta indignación confirmar que tan sólo un trabajador de cada cien forma parte de un sindicato sujeto a procesos democráticos elementales: elegir libremente a sus representantes, admitir que los trabajadores tomen decisiones en los temas importantes de su organización, como la propia contratación colectiva, y conocer el monto y destino del patrimonio gremial.
Desde hace muchos años, la política exterior de los gobiernos en turno ha tenido entre sus prioridades encubrir los vicios y complicidades que operan en el mundo laboral. Aprovechando el carácter tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno mexicano, el sector empresarial y el sindicalismo corporativo, especialmente la Confederación de Trabajadores de México, presentan una sola información cínicamente falsa y hacen causa común para aparentar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios internacionales suscritos que son obligatorios en México. La estrategia ha sido la misma tanto durante los viejos tiempos del Partido Revolucionario Institucional como en los recientes 10 años del llamado gobierno del cambio
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Los procesos de globalización, las crecientes quejas ante la OIT y la brutalidad con la que se ha comportado el régimen en conflictos particulares como el de los mineros, han concitado el interés y la solidaridad de múltiples organizaciones obreras del mundo, las cuales, al entrar en contacto con los trabajadores mexicanos, llegan a la conclusión de que es primordial presionar al gobierno para que cese su política de simulación y respete las obligaciones fundamentales que ha adquirido en materia sindical y laboral con la comunidad internacional.
La semana anterior se llevó a cabo la primera etapa de una jornada internacional en solidaridad con los trabajadores mexicanos, que tuvo cuatro objetivos centrales: hacer responsables a los dirigentes gubernamentales y a Industrial Minera México (de Grupo México) de la explosión en la mina Pasta de Conchos, que provocó la muerte de 65 obreros el 19 de febrero de 2006; suprimir la violación sistemática de la libertad sindical, incluidos los contratos de protección
impuestos por los empleadores, y los mecanismos que imposibilitan en la práctica que los trabajadores puedan designar libremente a sus representantes sindicales; poner fin al uso de la fuerza por la vía estatal o privada, para reprimir las demandas legítimas de los trabajadores de sindicatos democráticos que exigen aumentos salariales y mejores condiciones de salud y seguridad, así como cesar la campaña de persecución política en contra del Sindicato Minero Metalúrgico y del Sindicato Mexicano de Electricistas.
La jornada internacional fue inaugurada con un discurso de Jirki Raina, secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), en Queensland, Australia, el 15 de febrero de 2011, quien planteó: El gobierno mexicano tiene que poner fin a su campaña de persecución política de los sindicatos independientes y democráticos en México
. En ese acto, cientos de sindicalistas se hicieron presentes apoyando la realización de esta jornada, conscientes de que el grado de indefensión que sufren los trabajadores mexicanos no sólo violenta derechos humanos laborales esenciales, sino que se ha convertido en factor de competencia desleal en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, una delegación integrada por representantes de los sindicatos más importantes del mundo se reunía con el embajador mexicano ante Naciones Unidas en Ginebra, Juan José Gómez Camacho, para entregarle las peticiones de la campaña mundial. Manfred Warda, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM); Fernando López, secretario general adjunto de la FITIM, y Adriana Rosenzvaig, perteneciente al sindicato mundial UNI, presentaron los reclamos, acompañados de más de 60 dirigentes y personalidades del sector laboral internacional. En su informe público, Warda manifestó: El señor Gómez Camacho dijo que no conocía qué eran los contratos de protección; tuvimos que explicarle por qué esos contratos violan los más elementales derechos sindicales
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Esta semana de solidaridad incluyó manifestaciones y reuniones simultáneas con embajadores mexicanos en más de 30 países y más de 3 mil 300 comunicaciones que fueron enviadas con ese motivo. La campaña fue apoyada también por la central más grande del mundo, la Confederación Internacional Sindical (CSI); la misma que avala una importante queja ante la OIT que da cuenta del conjunto de violaciones por el gobierno mexicano a los convenios 87 y 98 en materia de libertad sindical y de contratación colectiva.
Los próximos 3 y 4 de marzo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, integrado por representantes de gobiernos, empresarios y sindicatos de varios países, conocerá el Caso 2694, que denuncia los contratos de protección en México. Se trata de un reclamo de gran importancia, porque exhibe el modus operandi de las complicidades que han colocado a los trabajadores mexicanos en la postración. En esa misma sesión, se analizará otra queja, vinculada a las violaciones de la autonomía del Sindicato Minero Metalúrgico, incluyendo la manipulación de la toma de nota de su dirigente por presiones de corte empresarial. Por cierto, el tema en el plano nacional está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atrajo el amparo relativo a la elección del dirigente minero.
La campaña internacional fue acompañada de diversas acciones en nuestro país, por conducto de varios foros, encuentros y un animado mitin en el Monumento a la Revolución, celebrado el sábado anterior, donde se hizo oír la voz de numerosos representantes sindicales mexicanos y de otros países.