Al salir al paso de las críticas por la conformación del fondo de modernización inmobiliaria del Instituto Federal Electoral (IFE) y justificar su creación, el consejero presidente del organismo, Leonardo Valdés Zurita, acusó que detrás de los cuestionamientos existe la pretensión de desprestigiar al IFE para modificar el modelo de comunicación política.

Se busca vulnerar la imparcialidad que los consejeros estamos comprometidos a defender, y el instituto no está dispuesto a negociar su autonomía ni la aplicación estricta de la legislación, dijo.

Durante la presentación del informe sobre la conformación del fondo, Valdés subrayó que el IFE tardó años en remontar el impacto del desenlace en torno a la elección de 2006. No permitamos que a siete meses del proceso electoral federal se repita la historia del daño y erosión en la credibilidad de esta institución que regula la competencia por el poder político.

Subrayó que, como muestra de sensibilidad, el órgano comicial no ejercerá el fondo hasta que se resuelvan las diferencias de interpretación jurídica, y si la resolución es distinta a la que asumimos, actuaremos conforme a la determinación respectiva. Sin mencionar al contralor general, Gregorio Guerrero –cuya postura dio origen al embate de las televisoras contra el IFE–, demandó que las diferencias se canalicen por los cauces legales.

El instituto electoral recibió el respaldo de prácticamente todos los partidos en cuanto a la legalidad del fondo, aunque con mayor énfasis del PAN, cuyos representantes subrayaron que desde la conformación de dicho fondo el organismo actuó con transparencia. El panista Agustín Castilla reconoció que hay diversas interpretaciones, pero aseguró que los recursos provienen de ahorros; señaló que se puede exigir transparencia, pero debemos ser responsablemente cuidadosos de no abrir la puerta a quienes quieren debilitar a la autoridad electoral.

Sólo el senador perredista Pablo Gómez coincidió con la postura del contralor, quien si bien subrayó que no se trata de un desfalco, señaló que la legislación establece claramente que los recursos sobrantes deben ser devueltos a la Tesorería. Propuso que, en su caso, el IFE promueva una ampliación a su presupuesto de 2011, para los fines del fondo en cuestión.

A lo largo del debate, todos los consejeros defendieron, con matices, la legalidad de la decisión del instituto, aunque Alfredo Figueroa se abocó principalmente a condenar las campañas mediáticas contra el IFE. Dijo que hay un embate público clarísimo de Televisión Azteca, que ha iniciado una campaña para desacreditar al órgano electoral. Quien no quiera ver esa campaña no quiere advertir lo que realmente está ocurriendo.

En tanto, su homólogo Benito Nacif defendió el proceso de conformación del fondo, al destacar que se hizo un programa de austeridad para tal objeto, por lo que obligar al IFE a devolver los recursos sería castigar una administración que ha buscado un ejercicio responsable. A su vez, Marco Antonio Baños justificó la decisión a partir de las necesidades estructurales del instituto de abatir los enormes costos del arrendamiento de edificios, si bien llamó a que se aclaren plenamente los diferendos de interpretación con el contralor.

Los consejeros Macarita Elizondo y Francisco Guerrero igualmente justificaron la decisión enfocándose en los razonamientos jurídicos y los requerimientos administrativos que tiene el organismo electoral para proceder en consecuencia.

Durante su intervención, Valdés Zurita consideró que el IFE es una pieza clave del sistema político por la credibilidad y la confianza logradas, y ninguna diferencia legal, ningún debate político tiene derecho a destruirlas.

Para salir del dilema legal propuso la creación de un comité técnico especializado que analice las interpretaciones legales respecto a la viabilidad del mencionado fondo, para que su decisión se presente al Consejo General y, en su caso, sea acatada por la Junta General Ejecutiva y se resuelva el dilema legal sobre el fondo.

Pablo Gómez descalificó duramente la propuesta por la pretensión de anular al contralor. Consideró que lejos de resolver el conflicto, lo hará crecer, por lo que planteó buscar un acuerdo entre el IFE, su contralor y la Secretaría de Hacienda para devolver los recursos, solicitar una ampliación presupuestal y que les sea restituido este recurso, pero con cargo al presupuesto de 2011. Ninguna de las dos propuestas se sometió a votación.