En los tres años pasados las autoridades delegacionales autorizaron la instalación de 175 tiendas de conveniencia, exprés y minusúper que provocaron el cierre de 500 negocios familiares y la pérdida de mil 500 empleos, informó la secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco), Laura Velázquez Alzúa, quien presentó un anteproyecto de ley general de sistemas de abasto para el Distrito Federal.

La meta, dijo, es blindar a la ciudad en materia alimentaria, rescatar los sistemas tradicionales de abasto, como los mercados públicos, sobre ruedas y tianguis, actualizar el padrón de 107 mil ambulantes y regular la apertura de autoservicios, así como las tiendas exprés y de conveniencia, consideradas de bajo impacto en la recién aprobada Ley de Establecimientos Mercantiles.

En conferencia de prensa el director de Abasto, Comercio y Distribución de la Sedeco, Gabriel Godínez, explicó que por cada tienda de conveniencia o exprés abierta se generan 10 empleos, pero se afectan 400 y provoca el cierre de uno de cada cuatro negocios, en promedio, principalmente tortillerías, abarrotes y farmacias, que no pueden competir en igualdad de circunstancias y ofrecer en 5 pesos el kilo de tortillas y a peso el bolillo, como hacen aquéllas.

La delegación Iztapalapa concentra el mayor número de esas tiendas, que compran en lugares ya acreditados sin importar los negocios ubicados alrededor, provocando ya el cierre de 500 pequeños negocios. De no ponerse un alto esta tendencia continuará. Así que se busca fortalecer los sistemas de abasto tradicionales, dando certeza jurídica a 800 mil oferentes y alternativas de desarrollo, indicó.

Hoy, la falta de un marco normativo actualizado ha propiciado el deterioro de la infraestructura de los mercados públicos, la proliferación del comercio ambulante, el crecimiento de oferentes en tianguis y una indiscriminada modificación del uso del suelo para la construcción de centros comerciales, situación que se busca revertir con esta ley, la primera en su tipo en el país, que fue entregada a la Consejería Jurídica y la turne a la Asamblea Legislativa, precisó Velázquez Alzúa.

Mencionó que en ella se establece la necesidad de contaron con un padrón actualizado de los más de 107 mil puestos fijos y semifijos en las calles de la ciudad; dos mil 182 bodegas y mil 445 locales de la Central de Abasto, los 318 mercados públicos, de quienes venden en los 52 puntos de los mercados sobre ruedas y en los mil 420 puntos de venta de los tianguis.

No se trata de una medida recaudatoria, sino saber quiénes son y revertir el rezago que presentan, para que compitan en mejores condiciones con los autoservicios, de quienes depende 52 por ciento del abasto, y garantizar los alimentos que demanda la ciudad, puntualizó la funcionaria, quien advirtió que de no cumplir serán sancionados.

Las sanciones por cambiar de giro, modificar las condiciones de los puestos, no cumplir con el horario autorizado, no mantener limpias las áreas comunes e involucrarse en agresiones van desde un apercibimiento, multas de 20 a 200 días de salario mínimo y la revocación del permiso en caso de reincidencia, señaló Rosario Luna, directora de Regulación y Mejoramiento de los Canales de Distribución de la Sedeco.