Los 3.5 billones de pesos que en diez años se destinaron en estados y municipios para salud, seguridad pública y educación, entre otros, carecen de transparencia.

Un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advierte que este monto, equivalente al presupuesto destinado en esa década a siete secretarías de Estado, no está sujeto a rendición de cuentas, además de que se desconocen los resultados de su aplicación.

Esta cantidad que se canaliza a estados y municipios a través del ramo 33 representó 34 por ciento de la recaudación fiscal del gobierno entre 1998 y 2008, es decir, 3 de cada 10 pesos que la Federación recaudó se destinaron a este ramo, que incluye ocho fondos de aportaciones para atender, además, infraestructura social básica, fortalecimiento municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos y para el fortalecimiento de las entidades federativas.

En conferencia de prensa, el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, precisó que este presupuesto, que en 1998 era de 116 mil 731 millones de pesos, pasó en 2009 a 815 mil 164 millones, es decir, creció 220 por ciento. En contraste, en ese mismo periodo el producto interno bruto (PIB) creció 20 por ciento.

Estrategia para el desarrollo social

Ese presupuesto equivale al de una década de las secretarías de Salud, Educación, Agricultura, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Economía y Energía. El ramo 33 se creó en 1998 como estrategia de política pública que asigna presupuesto federal para el desarrollo social a los gobiernos estatales y municipales.

Entre los resultados de la evaluación que realizó el Coneval con apoyo de investigadores de El Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económica están la inexistencia de una práctica sistemática de evaluación o de análisis sobre el uso de los recursos o de su posible impacto; no existe información homogénea disponible acerca del destino de estos recursos.

González Licona explicó que tampoco hay un conjunto de indicadores que permita evaluar los resultados, es decir, verificar el avance de sus objetivos. Agregó que aunque tanto estados como municipios tienen la obligación de mandar reportes electrónicos sobre el uso de los recursos, los primeros sí lo hacen, pero los municipios no.

Indicó que deben hacerse transparentes las fuentes de información y bases de datos con los que se hacen los cálculos de distribución de recursos entre los estados y municipios, además de que se deben homologar los criterios para la operación y la auditoría de los fondos. No hay reglas claras para la rendición de cuentas, lo cual podría dar a los fondos mayor eficacia y transparencia. Después de más de diez años de operación se deben hacer revisiones para la nueva situación del país que es diferente a la de 1998, agregó.

Se desconoce también el efecto que estos recursos tienen sobre la situación de pobreza de casi la mitad de la población y el impacto sobre la población en general, agregó.

Por su parte, Agustín Latapí, consejero del Coneval, dijo que el ramo 33 y descentralización son casi sinónimos, representa una nueva realidad del sistema político, es algo real, opera y hay que mejorar. Dijo que hay más recursos para estados y municipios, lo cual hace 12 años no existía. Varios de los fondos del ramo sí promueven a los estados más pobres, pero habría que ahondar en esta tendencia, en los más rezagados se requieren más recursos y gestión, pero todo esto debe ir de la mano de rendición de cuentas y resultados demostrables. Lo que decimos es que muchos resultados no son demostrables o no tienen incidencia directa en la vida de las personas.

Los gobiernos estatales que participaron en la evaluación fueron Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Sonora, así como los ayuntamientos de Guaymas y Hermosillo, Sonora; Guadalajara e Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón, Guanajuato, y Oaxaca, Oaxaca.