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Faltó conformar el atlas nacional de riesgo, según datos de 2009

Reprueba la ASF a Gobernación en materia de protección civil

Ese año los fenómenos naturales dejaron casi 240 mil damnificados

 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de febrero de 2011, p. 21

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen negativo para la Secretaría de Gobernación (SG) en materia de protección civil.

En su informe más reciente, correspondiente a la cuenta pública 2009, la ASF consideró que Gobernación no cumplió eficazmente con el objetivo de prever y prevenir daños causados por fenómenos naturales para preservar la integridad física y el patrimonio de las personas.

Subrayó que la SG no logró generar información de inteligencia para constituir eficazmente al municipio como la primera instancia de actuación frente a una emergencia y que sus mecanismos de coordinación no fueron suficientes ante la presencia de fenómenos naturales que en 2009 provocaron la muerte de 133 personas, 239 mil 717 damnificados y pérdidas multimillonarias para el país.

La mitad de las entidades carecían de programas de protección civil, pese a que en periodo 2005-2009 hubo 397 fenómenos naturales que provocaron 476 decesos, 1.7 millones de afectados y daños por 73 mil millones de pesos.

La ASF precisó que 84.4 por ciento de las 32 entidades del país contaron con atlas de riesgo, pero la SG no logró conformar el atlas nacional y no definió el número de municipios que por sus niveles de vulnerabilidad deberían contar con ese instrumento.

En tanto, la mitad de las entidades carecieron de un programa para enfrentar desastres hidrometeorológicos y ningún estado contó con un programa para atender emergencias por sismos, hundimientos, agrietamientos o laderas inestables.

Sólo 6.9 por ciento de los 2 mil 440 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal dispusieron de un programa de protección civil.

La Auditoría concluyó que, en dicho año, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) no dispuso de redes de monitoreo y detección en materia de inestabilidad de suelos ni de tsunamis, y no integró el Sistema Vulcanológico Nacional para monitorear los 18 volcanes activos del país.

El Cenapred realizó casi un centenar de acciones, pero desconoció la utilidad de sus productos, al carecer de facultades para dar seguimiento y verificar su aplicación.

Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), dijo que el gobierno federal no se puede hacer responsable de las acciones u omisiones de las administraciones locales.

Nosotros debemos fomentar la elaboración y puesta en marcha de los atlas de riesgos de los estados (información permanente de obras y daños en cada entidad y municipio), pero no podemos hacerlo (en su lugar). Si éstos no presentan un proyecto o solicitan financiamiento para ello, la situación se complica, dijo.

En ese contexto, ayer se presentaron las nuevas reglas para el Fonden y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas.

Para atender los desastres provocados por fenómenos naturales, el gobierno federal colocará en el mercado financiero un monto inicial de 4 mil 500 millones de pesos, con la perspectiva de alcanzar los 20 mil millones de pesos, a través del Bono Cupón Cero. De esta bolsa prestará a las entidades federativas para ejecutar trabajos de reconstrucción.

De acuerdo con las secretarías de Gobernación y de Hacienda, éste será un mecanismo más eficiente, porque asegurará que los gobernadores concluyan trabajos de infraestructura, tras los daños provocados por terremotos o huracanes, por ejemplo.

El año pasado, el gobierno federal erogó 22 mil millones de pesos, cifra sin precedente, para labores de reconstrucción de afectaciones por fenómenos naturales que derivaron en 86 declaratorias de emergencia y 58 de desastre.

El titular de la SG, Francisco Blake, dijo que la posición vulnerable de nuestro país, en lo que hace a la exposición a fenómenos naturales potencialmente destructivos, nos demanda dejar atrás la cultura del desastre.

Pese a los nuevos instrumentos, en caso de que el país o alguna entidad sufrieran un grave daño e incluso si estuviera en riesgo de colapsar, la Federación tendría que tomar recursos de los excedentes petroleros –o de cualquier otra vía– para atender a la población y para los trabajos de reconstrucción.