La mesa directiva de la Cámara de Diputados abrió ayer –y hasta el 7 de marzo– un periodo para recibir la solicitud de registro de las compañías de intermediación entre empresas y los legisladores, que hasta ahora realizan trabajo de cabildeo en la opacidad.

Las bases del registro obligan a presentar una solicitud en la cual las empresas acrediten estar constituidas legalmente, el nombre de quienes las representarán y las comisiones legislativas ante las cuales les interesa realizar labores de negociación.

La mesa directiva tendrá un plazo de 10 días, a partir del 7 de marzo, para resolver las solicitudes, y publicará en la Gaceta Parlamentaria los nombres de las empresas y de los cabilderos que cumplieron los requisitos. Las disposiciones de la Cámara definen que se otorgará un gafete a los cabilderos –que deberán portar mientras permanezcan en San Lázaro–, y que sus actividades, así como su relación y reuniones con los diputados, se integrarán en un expediente.

Por su parte, las comisiones de la Cámara publicarán semestralmente todas las relaciones y encuentros que hayan sostenido con los negociadores de las compañías privadas, así como los asuntos que las empresas hayan abordado con los diputados.

El registro de cabilderos cumple con las disposiciones de los artículos 263 a 268 del nuevo reglamento de la Cámara de Diputados, para regular una actividad que ha permanecido a la discreción de legisladores y empresas.

La intención es terminar con un historial de acusaciones de presión, ofertas de soborno y de viajes para los legisladores y sus familias, a cambio de modificar el sentido de las leyes.

Entre los casos más escandalosos resalta la denuncia que el diputado Miguel Ángel Toscano (PAN) hizo respecto de que un grupo de sus compañeros de bancada fue enviado por la British American Tobacco a un gran premio de Fórmula Uno, con la intención de que no se aprobara un impuesto a los cigarros en la miscelánea fiscal de 2005.

Lo mismo ocurrió entonces cuando Carlos Almaraz, representante de empresas de jugos y néctares, negoció con el ex diputado priísta Carlos Blackaller, no gravar con 20 por ciento de IEPS a esos productos, lo cual ahorró a las compañías 48 mil millones de pesos.