oy me entero de que amanecimos con un umbral más alto de sangre: ayer se registraron 15 muertes violentas en tan sólo 18 horas. Hace unos días fue ejecutado Homero Salcido, jefe del C-5 (Centro de Coordinación de Comunicaciones, Comando y Cómputo) de Nuevo León. Este asesinato actualizó el de Marcelo Garza y Garza, director de la Agencia Estatal de Investigaciones en San Pedro Garza García, municipio que podía jactarse hasta entonces de ser el más seguro del país. Fue en septiembre de 2006: se hallaba en curso el oscuro arribo de Felipe Calderón a la Presidencia de la República. Para mí fue ese el punto de inflexión en las acciones del crimen organizado y las respuestas del gobierno.

Ahora, después de casi 35 mil víctimas eliminadas en formas cada vez más espectaculares y sorprendentes, entre las que se cuentan varios militares y civiles de diversa jerarquía, un grupo de ciudadanos lanza un manifiesto (Manifiesto Monterrey), donde expresa: Si cae Monterrey, se pierde el país. Todo mundo lo sabe. Por ello, consideramos que todos los ciudadanos necesitamos unirnos para rescatar a México. El narcotráfico y la delincuencia organizada son síntomas de un mal mayor. La raíz de este mal, la causa del México en crisis, sólo terminará con un esfuerzo ciudadano, una unión para lograr la justicia y la prosperidad del país. México necesita reorganizarse y transformar todas sus instituciones.

Aunque no dicen cómo efectuarlo, su referencia al cambio institucional es clara. Pocos podrían diferir de esa apreciación: a México le es preciso transformar todas sus instituciones. Esta transformación tendría que empezar por el presidencialismo, al que hoy nadie, desde ningún punto del espectro político, parece querer cambiar, y menos cuando la elección de presidente está próxima.

A ese ya viejo presidencialismo, la sociedad mexicana le debe muchos de los peores episodios y procesos que ha vivido y continúa padeciendo: la represión bárbara a los trabajadores (Adolfo López Mateos) y a los estudiantes y sectores de la clase media (Gustavo Díaz Ordaz); la guerra sucia (Luis Echeverría Alvarez); la continuación de la guerra sucia y la administración de la riqueza petrolera en favor del puñado de “The mighty mexicans” publicitado por la revista Fortune y otras similares (José López Portillo); el inicio del desmantelamiento del incipiente Estado de bienestar que México pudo alcanzar, el fomento a la especulación financiera y la realización de préstamos desmesurados e ilegales para sanear la economía de empresas dilapidadoras como el de Banobras a Alfa (Miguel de la Madrid); la invasión franca del neoliberalismo, la firma de un Tratado de Libre Comercio desventajoso para nuestro país, la privatización de bienes nacionales productivos en beneficio propio, la tolerancia hacia el narcotráfico, la creación del mecanismo llamado Fobaproa mediante el fraude, la corrupción y el empobrecimiento de la mayoría, la contrarreforma agraria y la violencia interpartidaria (Carlos Salinas de Gortari); la continuación de estas medidas agravadas por el Ipab, mecanismo gemelo del Fobaproa, la reforma al sistema público de salud (aprobada sólo por el PRI) en perjuicio de los derechohabientes y en beneficio de organismos financieros privados, el golpe a los miocardios de los Ferrocarriles Nacionales de México y la conclusión de la privatización bancaria a precio de ganga y con facilidades de pago, el avance en la contrarreforma educativa, la impunidad de crímenes masivos contra campesinos inermes como los de Aguas Blancas y Acteal (Ernesto Zedillo); la desindustrialización del país, la entrega de la banca y recursos naturales del país –como el gas– al capital trasnacional, la consolidación del duopolio televisivo Televisa/Tv Azteca mediante modificaciones a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, una mayor tolerancia del narcotráfico, la confusión de intereses familiares y religiosos con el ejercicio del gobierno, la adulteración del aparato electoral, que antes había sido saneado vía su ciudadanización y mediante el cual él accedió al poder, para favorecer al candidato de su partido (Vicente Fox); el estancamiento económico más pronunciado desde la crisis de los años 20, el aliento a la inercia monopólica, nuevos atentados contra el sistema de salud pública, el ataque a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para poner en manos de inversionistas privados la red de fibra óptica de esta empresa, favoritismo hacia los propietarios del Grupo México e impunidad en los casos de Pasta de Conchos, la guardería ABC y una larga serie de crímenes y delitos, subsidio a la educación privada a costa de la pública, la militarización del ejercicio del poder, a pretexto de combatir al crimen organizado, en busca de su legitimación y a costa de la soberanía nacional (Felipe Calderón).

El Poder Legislativo, salvo en cuestiones menores, no ha podido ejercer un control efectivo sobre el Ejecutivo y ello se ha traducido en un desmedro generalizado de la sociedad mexicana.

Transformar todas las instituciones significaría un cambio de régimen. El presidencialismo mexicano tiene un componente militar y concentra el poder (dinero, información y aparatos ideológicos) desde sus orígenes carrancistas que niegan las posibilidades de un equilibrio real de poderes y de una vida democrática en acto. En 2010, un grupo de intelectuales en torno al Instituto de Estudios para la Transición Democrática se pronunció por el sistema parlamentario como el único que podría asegurar una real transición hacia la democracia en México. Luego, como si hubieran recibido la amonestación de un superior, abandonaron la promoción de la idea. Pero tenían razón. No hay otra alternativa dentro del marco capitalista para nuestro país. Requerimos un sistema de partidos y alianzas que hagan efectivos los planes y programas de gobierno ofrecidos al electorado, una división de poderes que deje atrás la subordinación a las decisiones y compromisos del señor presidente y, por supuesto, que las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno sean cumplidas por dos funcionarios diferentes, amén de que exista un control parlamentario eficaz a partir de la conversión del Legislativo en un verdadero poder representativo de la soberanía y un defensor del pueblo (el ombudsman ampliado a todos los actos y decisiones del poder público). Quien diga que no estamos preparados para un régimen parlamentario nos ofende; equivale a decir lo que antes mantenía la dictadura: que no estábamos preparados para la democracia.

Convenzámonos: no basta con que conquisten el poder los muy experimentados ni los muy decentes ni los muy buenos.