s difícil pronosticar cuál será el costo –en términos políticos y sociales– de la recomposición del sistema político, cuya dinámica está sujeta a la acción y reacción de numerosas fuerzas, que tienden a excluirse mutuamente. Lo único seguro es que en este rejuego no hay proyecto, no en el sentido de una previsión sobre el curso objetivo de las cosas y, menos, como un conjunto de fines a la vez deseables y posibles, extraído de la realidad y no sólo de la voluntad, el oportunismo o el deseo de los políticos de oficio.

La larga transición iniciada con la sacudida del 68 fue una evolución del viejo sistema, un complejo proceso de adaptaciones y de innovaciones en el plano vital de la competencia electoral que, en rigor, tenían el propósito de realizar el cambio controlado, sin sobresaltos, sin grandes sacrificios políticos para los principales actores que estaban en la escena. No hubo, pues, una `primavera democrática mexicana, sino más bien un lento reacomodo del sistema político a las necesidades creadas por la reforma del Estado puesta en marcha mediante el reformismo neoliberal inaugurado con la crisis en los años 80. Se trataba de evitar (aunque se despreciaba a las oposiciones) la ruptura de la naciente ciudadanía con las instituciones y el descrédito total del viejo régimen (1988) y, a la vez, de ponerse al día en el nuevo orden mundial, que exige democracia, concebida a imagen y semejanza de la gran potencia como expresión política del reino del mercado.

Así, se confunden y se traslapan el anhelo democrático expresado en la urnas por una ciudadanía en ascenso pero sofocado por el fraude reiterado, el movimiento molecular, liberador, antiautoritario, surgido de la sociedad civil con el gradualismo proveniente del poder político y económico que reduce el reformismo al horizonte de la alternancia, sin cuestionar por un instante su lugar dominante en la sociedad, incluso a expensas del Estado, y sin plantearse como condición de posibilidad al menos la superación de los extremos de desigualdad, cuya aberrante presencia deforma y debilita el juego democrático. La alternancia puso de manifiesto que el pluralismo es vital para la edificación de un sólido edificio democrático, pero su existencia no garantiza, por sí misma, mecanismos de representación que funcionen, ni tampoco, como está probado, para crear mejores gobiernos. Se mostró la necesidad de un nuevo régimen político.

Sin embargo, en lugar de acelerar las reformas de mayor calado, seguimos en la lógica del cambio vergonzante, entendido como el proceso de mínimas adaptaciones que modifica las apariencias pero incide poco en las reglas del juego, que sobre todo favorecen a los apostadores actuales (partidos con registro). Véase, por ejemplo, lo que se propone como reforma política y de inmediato se descubrirá, detrás de las frases sobre la ciudadanía y otros tópicos, el retrato hablado de un candidato, las pretensiones de instalarse para siempre de ciertos pro releccionistas oficiales, la necesidad filtrada o de plano exhibida por algunos diputados o senadores que están al servicio de los poderes fácticos. El inmediatismo táctico predomina sobre las visiones programáticas, estratégicas. Ni hablar por tanto de una ley de partidos que libere la competencia electoral, regule el financiamiento y permita la constitución de nuevas fuerzas políticas sin las trabas que ahora sirven para fortalecer la simulación partidista subsidiada por el Estado.

Sin embargo, para ser una realidad, la democracia mexicana exigirá cada vez con más fuerza nuevos partidos capaces de representar a la sociedad. Nadie se sorprendería demasiado –hipotéticamente hablando– si surgieran nuevas formaciones a partir de la coalición priísta-panista que simbólicamente liderearon Salinas y Fernández de Cevallos. En un mundo donde impera el pragmatismo y las ideologías se tienen por muertas, ¿por qué esos arreglos deberían escandalizarnos más que las alianzas actuales? ¿No sería la formalización de un hecho consumado? ¿Por qué los que están de acuerdo en la agenda nacional no se atreven a formar un partido propio que le dé permanencia a la coincidencia programática? Lo mismo se podría decir de ese sector del PRI que se siente abandonado por su partido (y por Hacienda) y sólo espera la ocasión para irse al PRD para ganar ayuntamientos o gobernaturas? ¿Y qué decir de quienes, opuestos al regreso del PRI piensan, convencidos, que las divergencias entre izquierda y derecha son nimiedades frente al voto seguro? ¿Por qué no exploran unirse para mantener el estatus, reciclándose vencedores ante cada elección, como ya ha ocurrido en otros países con algunas formaciones alineadas al centro? ¿Por qué mantener las apariencias de unidad en un PRD cuya fractura es cuento viejo?

Los partidos que hoy compiten han perdido el respeto por la ciudadanía, pero también por ellos mismos. Los ejemplos abundan, pero me refiero sólo a uno. Es increíble que sean en legisladores los primeros en dilapidar la credibilidad del IFE, uno de los pocos capitales democráticos ganados durante la transición. La negociación para nombrar a tres consejeros está podrida, mientras se estimula la campaña contra el IFE. En condiciones normales sería un suicidio, pero aquí es simple irresponsabilidad, la prueba de más allá de la estrecha visión de quienes jefaturan esas entidades de interés público que son los partidos nacionales registrados; no hay más realidad que sus particulares intereses, entrelazados con los de los poderes fácticos, a los que rinden pleitesía a cambio de pantalla y otros favores. El ataque contra el IFE es una apuesta venal para restaurar privilegios tras la reforma electoral que suprimió el gran negocio de la publicidad política. Piden cabezas y no pararán hasta obtenerlas. Ese es el juego perverso encubierto bajo la apariencia de normalidad democrática. Pero es también un límite.

Habrá que esperar –si el tiempo y la situación lo permiten– hasta después de las elecciones de 2012 para saber qué quedó del entramado partidista, de su historia y significación. Y entonces se cerrará esta página. Veremos.