Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó  ayer el último recurso de la coalición Hidalgo nos Une y de su ex candidata a la gubernatura, Xóchitl Galvez, que demandaban anular la elección por múltiples irregularidades.

Con el argumento de que no se aportaron pruebas de las anomalías, los magistrados ratificaron el triunfo de José Francisco Olvera, de la coalición Unidos Contigo, que conformaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologvista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).

Como sucedió con la mayoría de los numerosos recursos que presentó la coalición Hidalgo nos Une durante la campaña y después de ésta, los magistrados no concedieron validez ni fundamentación a ninguno de los 17 agravios denunciados, entre ellos los gastos excesivos de campaña, injerencia de funcionarios del gobierno del estado, uso electoral de programas sociales y la transmisión de la toma de posesión del candidato ganador, entre otros.

Poco antes de la votación, la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, argumentó que el tribunal se condujo, dijo, con un inquebrantable apego al principio de legalidad. Brindamos legitimidad plena, estabilidad y certeza a los procesos electorales. Agregó que el órgano sólo puede juzgar los hechos que se le presentan; no realizamos investigaciones de oficio; dependemos de los planteamientos de las demandas y de las pruebas aportadas.

El magistrado Constancio Carrasco aseguró que la ley estipula que para anular los comicios debe acreditarse plenamente que se cometieron violaciones sustanciales y que éstas determinaron el resultado de la elección. Según los magistrados, ninguna de las irregularidades señaladas por los inconformes pudo acreditarse plenamente.

En relación con el cateo realizado sin orden judicial a la casa de campaña de Xóchitl Gálvez el día de la elección –cuando, según los inconformes, se aprehendió a 12 miembros de la coalición opositora y se extrajeron seis equipos de cómputo–, los magistrados señalaron que no se acreditó el robo de las computadoras ni el impacto real que tuvieron las detenciones en los comicios.

Según las autoridades, el cateo se efectuó en respuesta a una denuncia de que había personas armadas en el inmueble.

Carrasco minimizó el hecho y dijo que la coalición sólo presentó copia simple de la denuncia que formuló por los hechos sin probar todos sus dichos y mucho menos que hubo injerencia del gobierno del estado en la campaña.

Por lo que respecta a la difusión de la toma de protesta del candidato priísta en diversos medios, incluida la televisora estatal, el TEPJF la consideró un acto de libertad de expresión.

Salvador Nava dijo que en la queja de Gálvez hay argumentos aguerridos, elocuentes y acalorados pero sin razones jurídicas eficaces. Dijo no tener dudas sobre el caso y expresó que en las elecciones recientes, en general, los actores políticos han reportado hechos graves, pero también ha habido acusaciones sin sustento.

Mientras, el gobernador electo de Hidalgo, el priísta Francisco Olvera, llamó a todas las fuerzas políticas, incluso a su adversaria, Xóchitl Gálvez, a sumarse para construir juntos el programa estatal de desarrollo para sacar a la entidad del atraso.

Olvera sostuvo en conferencia de prensa en la sede nacional del tricolor que el fallo del TEPJF fue un triunfo de la legalidad y es tiempo de mirar hacia delante.

Acompañado por el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, se comprometió a gobernar con transparencia y en estricto apego al estado de derecho, y reiteró el llamado a trabajar en armonía por las mejores causas sociales, por abatir la pobreza y lograr igualdad.

En entrevista telefónica, Xóchitl Gálvez dijo que acatará el fallo del TEPJF, aunque lamentó que “en estados con gobiernos caciquiles la contienda no sea por ganar votos, sino por documentar irregularidades.

Es lamentable que esto quede así. Parece fácil que desde un escritorio los magistrados determinen que hay indicios de irregularidades, pero no pruebas. Es muy distinta la vida real cuando el Ministerio Público depende del gobernador y no hay notario que quiera dar fe, condenó Gálvez, quien prepara un posicionamiento sobre la resolución.