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Envía a la Asamblea iniciativa de descentralización del SACM para otorgarle autonomía

Propone Ebrard privatizar cobro y distribución de agua potable

El ente fijaría la tarifa y suministraría el servicio en bloque a personas físicas o morales

La propuesta omite los subsidios para la población y sólo habla de estímulos

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Con la propuesta del jefe de Gobierno, el SACM ya no entregaría los recursos que obtenga por el cobro de agua a la Tesorería del DF, sino que los administraría de manera autónoma. Imagen de archivo de un tanque de almacenamiento en IztapalapaFoto Carlos Cisneros
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de febrero de 2011, p. 39

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), en la que se plantea la intervención del sector privado en el suministro y dotación de agua potable.

De acuerdo con el artículo sexto, fracción cuatro, de la propuesta turnada a la Comisión Integral del Agua, el SACM podrá suministrar agua en bloque a personas físicas y morales, públicas y privadas, para consumo propio o para su venta, previa firma del contrato, el cual sería autorizado por la junta de gobierno de dicho órgano.

El único candado que se propone cuando se venda agua en bloque es que la tarifa será fijada por el Sistema de Aguas y no por el particular.

En la iniciativa se plantea promover la participación del sector privado en la construcción y operación de la infraestructura hidráulica de la ciudad.

El organismo también podrá brindar servicios de apoyo y de asesoría técnica, y en su caso comercializarlos con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras.

Además, la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo local elimina la facultad de la Asamblea Legislativa para fijar las tarifas por el cobro del suministro del agua, y se lo confiere a la junta de gobierno de dicha instancia, que las revisaría y actualizaría, según se acuerde en un programa especial.

Se omiten los subsidios a la población para el pago del servicio y se habla sólo de estímulos a diversos sectores que serían determinados por el jefe de Gobierno, los cuales serían aplicados a las tarifas que se definan.

Se pretende, incluso, que la junta de gobierno del órgano resuelva sobre la aprobación de las tarifas por el servicio de suministro de agua potable para el ejercicio fiscal 2011.

Además de fijar estas tarifas, el SACM determinará aquellas relacionadas con las conexiones a la red, colocación, sustitución y restitución de aparatos de medición, así como drenaje, alcantarillado, aparatos ahorradores y tratamiento de agua residual.

Con la nueva ley, el Sistema de Aguas se convierte en un órgano descentralizado de la administración pública capitalina, con autonomía de gestión y patrimonio propio, así como un nuevo esquema financiero, mediante el cual manejaría sus propios ingresos y ya no serían canalizados a la Secretaría de Finanzas.

La entidad paraestatal estaría conformada por una junta de gobierno como máxima autoridad, presidida por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y formada por representantes de las dependencias relacionadas con la materia, y de organizaciones gremiales, del sector privado, profesionistas y de la sociedad civil.

Como parte de los argumentos proporcionados por el gobierno capitalino, la iniciativa refiere que el anterior esfuerzo por descentralizar el Sistema de Aguas no funcionó, porque desde el principio se le impidió un desarrollo con autonomía de gestión y manejo presupuestal.

Con el nuevo esquema, asegura, se tendrían las herramientas necesarias para manejar los recursos que se generen en favor de los proyectos necesarios para la ciudad, pues tendría a su cargo los ingresos generados, sin la intermediación de instancias administrativas que pudieran retrasar o impedir las metas de cumplimiento.

Con ello se cumpliría la premisa de que los recursos que genera el agua se destinen exclusivamente a la atención de los problemas del agua y que se tengan incentivos para la eficiencia comercial y operación del organismo, apunta la propuesta.

La Asamblea Legislativa sólo tendría como participación la aprobación de un programa especial de agua visión 2020, que contemplaría las acciones y recursos de inversión necesarios para mejorar los servicios públicos relacionados con el recurso.