Zacatecas, Zac., 21 de febrero. Ninguno de los 58 cuerpos de policía municipal de Zacatecas, incluido el de la capital, tiene capacidad ni personal adecuado para contener la violencia ni contrarrestar la crisis de inseguridad pública, admitió el secretario general de Gobierno del estado, Esaú Hernández Herrera.

Agregó que hace cinco meses, cuando entraron en funciones los nuevos ayuntamientos, el gobernador Miguel Alonso Reyes y los 58 alcaldes del estado supieron del nivel de desmantelamiento de todas las corporaciones policiacas, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) constató la falta de decenas de armas largas, pistolas, chalecos antibalas y otras anomalías.

El funcionario se reservó datos sobre la seguridad estatal, como la capacidad de fuego de las corporaciones, pero aceptó el saqueo de armamento y equipo, así como la incapacidad de apoyar a los municipios con policías estatales, lo que obligó a las autoridades a poner en manos del Ejército las tareas de vigilancia en Tabasco y otros municipios.

Sobre los 29 alcaldes panistas y perredistas inconformes con la falta de apoyo policial ante sus problemas de violencia e inseguridad, Hernández Herrera señaló que se hacen esfuerzos extraordinarios, pero no hay agentes suficientes para responder a sus reclamos. Destacó que ninguno de los 58 municipios puede crear una estructura de contención, inteligencia y prevención del delito.

Empero, sostuvo que ante la crisis de inseguridad hay respaldo federal y en semanas recientes llegaron a la entidad 300 policías federales y nuevos contingentes de marinos y elementos del Ejército que patrullan el estado y realizan diversas operaciones, aunque no dan información alguna sobre sus resultados.

La crisis de las corporaciones de seguridad salió a flote desde la gubernatura de la perredista Amalia García y se agudizó al iniciarse el actual sexenio, con hechos como el paro de unos 150 policías estatales que el 7 de febrero tomaron las instalaciones de su corporación en protesta por la falta de chalecos antibalas y armas largas, además de bajos salarios y mala comida.

También denunciaron exceso de trabajo (jornadas hasta de 30 horas por 12 de descanso) y recordaron que el personal de la policía estatal ya sufrió cuatro emboscadas, en la más reciente de las cuales murió el comandante Óscar Fletes Mora.

Semanas antes, todos los policías municipales de Tabasco y Jalpa renunciaron por amenazas de criminales, a raíz de una serie de enfrentamientos en el sur de la entidad, y afirmaron que 11 de sus compañeros desaparecieron. Otros nueve elementos que fueron levantados por grupos armados reaparecieron sólo para dimitir. Mientras, cundía el terror y las actividades escolares en la región se suspedieron por tiempo indefinido.

Las deserciones se debieron a los permanentes ataques contra sedes policiacas, como el perpetrado en mayo de 2010, cuando 50 pistoleros a bordo de 20 camionetas acribillaron a un policía municipal, hirieron de muerte a otro, levantaron a seis y balearon la sede del ayuntamiento y la casa de justicia de Jiménez del Teul.

A principios de junio de 2010 dimitieron los 24 policías de Villa García junto a su director, Everardo Guerrero López.

A principios de 2008 al menos 14 agentes ministeriales renunciaron tras el asesinato de seis compañeros a manos de presuntos zetas en el municipio de Jerez, y dijeron que no valía la pena morir por 3 mil 500 pesos quincenales.

Otro aspecto de esta crisis es la connivencia entre policías y delincuentes. Un ejemplo se dio en Joaquín Amaro, donde los agentes municipales entregaron a una banda de pistoleros a nueve cazadores guanajuatenses y un jalisciense desaparecidos y al parecer ejecutados en la sierra de Zacatecas en diciembre pasado.