Veintiocho organizaciones sociales y ambientalistas de Estados Unidos y Canadá pidieron ayer al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, la suspensión de las obras de la supervía poniente; el cumplimiento, en todos los términos, de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) respecto a ese proyecto, la generación de condiciones para un verdadero y serio diálogo con la comunidad que se opone a esa construcción, y la salida inmediata de la fuerza pública de La Malinche y el área natural protegida de La Loma.

A través de una carta abierta dirigida al mandatario capitalino, esas organizaciones –que luchan por los derechos civiles, la justicia social y ambiental– dejaron en claro su respaldo a las demandas del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, y manifestaron su preocupación por los habitantes de la colonia La Malinche, que han sido afectados por el proyecto de la vía de cuota.

Los firmantes del documento, entre ellos Abogados por los Derechos Humanos Ambientales, de Lusiana; Trabajadores Negros por la Justicia, de Carolina del Norte, y Alianza Global de Pobladores por la Justicia, de California, Estados Unidos, además del Grupo de Investigación del Interés Público, de Ontario, Canadá, hacen un recuento de las violaciones a los derechos humanos que han vivido los integrantes del Frente Amplio, empezando por la incursión sorpresiva a la zona de la Malinche, el primero de enero a pesar de que la CDHDF había emitido medidas cautelares al GDF para evitar el ingreso con la fuerza pública en época decembrina.

En el documento, las organizaciones hacen el recuento de las violaciones a los derechos humanos que han vivido los integrantes del Frente Amplio, empezando por la incursión sorpresiva en la zona de la Malinche, el primero de enero a pesar de que la CDHDF había emitido medidas cautelares para evitar el ingreso de la fuerza pública en época decembrina.

El resguardo de La Loma por granaderos, el levantamiento de vallas metálicas, alambres de púas y un cerco policiaco, además de la posesión de los 51 predios para iniciar la demolición, es una forma de agresión que ha impedido el libre paso de los residentes y ha impactado la salud, tranquilidad e integridad personal de los habitantes.

Ante la violación a las garantías fundamentales, las organizaciones internacionales, algunas que en su paso a la COP-16 pernoctaron en La Malinche, solicitan a Marcelo Ebrard “acatar la recomendación 1/2011, la cual pide la suspensión de la obra denominada supervía poniente en tanto no haya consulta pública y una manifestación de impacto ambiental. Es imperativo que su gobierno cumpla con todos los términos de la recomendación de la CDHDF”.

Entre los argumentos que exponen para rechazar la supervía están: el grave impacto ambiental originado por la destrucción de árboles, y la contaminación del aire y agua, porque una vialidad incentiva el uso del automóvil y a largo plazo no va a resolver la congestión; por ello pedimos a su gobierno que proteja las áreas verdes de la ciudad y de sus habitantes.

Recordaron la reunión de alcaldes celebrada en la ciudad de México y manifestaron que no se puede combatir el calentamiento global con la creación de autopistas, además de resaltar la importancia del diálogo con las comunidades para generar soluciones justas, en vez de proteger los intereses de las corporaciones, como OHL y Copri

Por otra parte, la respuesta del gobierno a la referida recomendación provocó el enérgico rechazo de organizaciones civiles.

Señalaron que dicha respuesta es una descalificación institucional al órgano público de protección a los derechos humanos y una vulneración del estado democrático y de derecho.

Las organizaciones señalaron que la respuesta contradice el discurso democrático del gobierno y los compromisos del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.