Los servicios de salud en México dejan mucho que desear, pues aunque el Estado tiene obligación de garantizar la mejor atención con médicos certificados que dispongan del equipo e instalaciones suficientes para el desempeño de su labor, la realidad es distinta: los pacientes se enfrentan a un sinnúmero de carencias, incluido el desconocimiento del personal médico de los procedimientos clínicos que deben seguir para el tratamiento de las enfermedades y la deficiente integración del expediente clínico, aseguró Luis García López Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De ahí el cúmulo de denuncias por violaciones a las garantías fundamentales en contra de instituciones públicas de salud. Sólo en la CNDH se reciben cada año un promedio de mil 500 quejas, las cuales representan 25 por ciento de las inconformidades que llegan.

La mayoría de las inconformidades relacionadas con salud se genera por la negativa de algunos trabajadores a proporcionar atención médica a los enfermos. Le siguen las actitudes para obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a las que tienen derecho los pacientes; la negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, y negligencia médica, entre otros.

Además, están los casos que no llegan a la CNDH, pero que se presentan en las áreas de urgencias de los hospitales, indicó el funcionario.

Ante este panorama y debido a la limitada acción de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) como conciliador, la política de la CNDH es investigar y dar seguimiento a las inconformidades que le presentan los ciudadanos, en el entendido que todas son violaciones a los derechos humanos.

De enero de 2008 a la fecha, la CNDH ha recibido 4 mil 318 quejas, de las cuales mil 283 siguen en trámite y ha emitido 42 recomendaciones.

La Conamed fue creada hace casi 15 años como alternativa para detener el creciente número de denuncias penales. De acuerdo con el informe de actividades 2009, a este órgano llegaron ese año 2 mil 336 quejas; menos de la mitad concluyó en un convenio de conciliación y apenas 72 en un laudo; más de 800 se dieron por terminadas sin conciliación o porque existió falta de interés de algunas de las partes involucradas. Otras 588 inconformidades se resolvieron por gestiones inmediatas de la Conamed ante las instituciones de salud.

El primer visitador García López Guerrero considera que ésta es la razón de que la CNDH mantenga entre sus funciones investigar y dar seguimiento a las quejas relacionadas con la salud.

En cambio, el coordinador de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud (Ssa), Bernardo Fernández del Castillo, opinó que es necesario revisar las atribuciones de la CNDH y de la Conamed.

Lo anterior, porque en 2010 el ombudsman emitió sendas recomendaciones al Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital General de México, las cuales fueron rechazadas por dichos organismos, debido a que no se configuró violación de garantías fundamentales, dijo el abogado.

Explicó que existen casos en los que aunque el resultado de los procedimientos clínicos no son los esperados, pueden deberse a una mala decisión del médico, sin que ello implique que haya habido la intención de lastimar al paciente. Si bien ameritaría el pago de una indemnización por la lesión y el deficiente ejercicio profesional, es diferente a la violación de derechos humanos, aseguró.

Para Fernández del Castillo, una atenuante de la mala práctica médica es la alta demanda de atención que existe en clínicas y hospitales públicos. Puede ser causa de errores, pero tampoco se acreditaría negligencia ni dolo. En todo caso, deben ser peritos especializados los que dictaminen cada situación.

En cambio, para el primer visitador de la CNDH los profesionales de salud son responsables de la vida de las personas desde el momento en que ingresan a las unidades médicas, a las áreas de urgencia por ejemplo.

Por eso, los médicos son responsables de lo que suceda a un enfermo que durante varias horas tiene que esperar a ser atendido. No es válida la excusa de la saturación de los servicios, señaló, y recordó el caso de una recomendación emitida por la CNDH en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al que responsabiliza por la muerte de una mujer que ocurrió mientras esperaba ser atendida en la sala de espera del área de urgencias.

No existe razón para que los usuarios de los servicios médicos se queden sin la atención que requieren; ni siquiera la saturación de los servicios es admisible, afirmó García López Guerrero.

Respecto de la situación de los expedientes clínicos, señaló que en la totalidad de las quejas investigadas por la CNDH se han encontrado deficiencias que van desde que son ilegibles, carecen de las firmas de los médicos responsables de la atención, o están incompletos. Si se proporcionó la atención médica adecuada al paciente, no hay manera de comprobarlo, apuntó.

Por separado, Fernández del Castillo comentó que una violación de derechos humanos se acredita cuando el personal de salud niega el servicio, aunque tenga la posibilidad de proporcionarlo, como sería el caso de una mujer embarazada que solicite atención médica en el IMSS o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sin ser derechohabiente.

Ambos organismos tienen la obligación de recibir a una persona en esas condiciones; sin embargo, si el hospital carece de camas desocupadas es una tragedia, pero tampoco hay violación de derechos, porque a lo imposible nadie está obligado, indicó.