El Instituto Federal Electoral (IFE) ha comenzado 2011 –en el que formalmente arranca el año electoral en octubre– en medio de tensiones paradójicamente no generadas con los actores políticos, sino por factores internos, manejos administrativos cuestionables desde la contraloría general. La relación entre el organismo y su instancia fiscalizadora pareció haber hecho crisis en días pasados por la polémica surgida en torno al fondo de modernización inmobiliaria, aunque es un tema que ya tiene antecedentes.

Las críticas a la conformación de ese fondo de 348 millones de pesos, por parte del contralor Gregorio Guerrero, han mostrado el nivel de confrontación entre ambas partes, conflicto que ya tiene una historia de desencuentros. La postura de que es legalmente inviable la aplicación de recursos de 2010 al ejercicio de 2011 ha desatado descalificaciones desde el IFE, por considerar que ha utilizado información sesgada, incompleta y carece de fundamento jurídico.

Esto ha agudizado las diferencias que ya habían tenido ambas partes relacionadas con los manejos administrativos del instituto. Aunque no han concluido las auditorías correspondientes, la contraloría general ha hecho pública la adquisición de edificios y bodegas en condiciones que ha considerado irregulares y por las cuales investiga desde hace varios meses.

A las diferencias se sumaron las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno a serias irregularidades detectadas en la instrumentación del Sistema de Administración de Tiempos del Estado (Siate), que rubrican un arranque de año complicado para el instituto. Las denuncias de malos manejos administrativos han sido potencializados en una intensa campaña mediática de las televisoras, en especial Televisión Azteca –que ha recibido multas por más de 250 millones de pesos–, que han desgastado sustancialmente la imagen del IFE.

Las diferencias entre el área ejecutiva del instituto y la contraloría general reflejan una muy mala relación entre ambas, que ha llegado a la confrontación. En tanto que la contraloría cuestiona la poca transparencia e información que se le suministra, un informe del IFE sobre el desempeño de esa instancia descalifica su gestión y sugiere excesos en la difusión de casos e investigaciones no cerradas.

Las posturas encontradas entre ambas tuvieron un primer antecedente cuando el contralor Guerrero Pozas denunció la pretensión de los consejeros electorales de elevarse el salario a nivel de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La difusión de esta medida por la contraloría logró frenar la tentativa.

Posteriormente, el funcionario difundió informes de una auditoría en proceso, que sugerían serias irregularidades en la adquisición de un edificio en Acoxpa, cuyo costo fue de 300 millones de pesos, mismo que estaba previamente arrendado y en esa condición el IFE le invirtió 30 millones, cuando el tope de inversión en inmuebles arrendados es de 550 mil pesos.

En tanto, para las áreas ejecutivas del instituto esta millonaria inversión fue avalada por el Consejo General a partir de la premura que se tenía para instalar los equipos de monitoreo, pues esa instancia aprobó que se hiciera lo conducente para garantizar su operación en las elecciones de 2009.

El resultado de las investigaciones sobre la adquisición del edificio de Acoxpa, entre otros, podría confirmar las irregularidades en los manejos administrativos y eventualmente derivar en sanciones en la dirección ejecutiva de administración, cuyo titular, Fernando Santos, salió apresuradamente del IFE cuando se conoció la compra del edificio.

A la espera del informe final, algunos consejeros consideran que, de corroborarse las irregularidades administrativas, las sanciones podrían no sólo involucrar a Santos, sino complicarían el escenario del IFE al llegar a la instancia superior, que es la secretaría ejecutiva.

Sobre la difusión de datos de auditorías en marcha, un informe del instituto advierte: A pesar de que no existe resolución por parte de la contraloría, periódicamente se ha hecho pública diversa información relacionada con ellas (con las auditorías), en franca violación a los derechos de los auditados y al carácter reservado de los expedientes en tanto no se resuelvan.