Chilpancingo, Gro., 19 de febrero. El grupo guerrillero Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) rechazó haber secuestrado al empresario Eduardo García Valseca, como él ha venido reiterando, al parecer engañado y fuertemente convencido, sostuvo en un comunicado la organización escindida del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

La TDR-EP destacó que “a fin de deslindar nuestro accionar de la actividad delincuencial, generalmente apadrinada por los cuerpos policiacos, desde 2004 nuestra organización decidió asumir la responsabilidad de practicar, como medio de financiamiento legítimo, la captura, retención y cobro de impuestos –jamás la tortura– a quienes en nuestro país hayan hecho su fortuna valiéndose del uso corrompido del poder y pretendan gozar de total impunidad”.

Agrega que “así lo hemos reconocido públicamente, en el marco de la contienda política, ideológica y militar cada vez más abierta y frontal, que se está desarrollando en nuestro país entre quienes detentan el poder y algunos sectores del pueblo organizados y en lucha.

“Pero eso es una cosa y otra [es] que, a partir de dicho reconocimiento y con fines claramente contrainsurgentes, diversas autoridades federales (Genaro García Luna, Facundo Rosas, Benito Roa, Armando Espinoza y otros [funcionarios federales]) hayan maquinado convencer al señor García Valseca de que nuestra organización fue la responsable de su secuestro, sin más prueba que su dicho y el reporte de un supuesto modus operandi similar al que desplegamos.

Es más, al señor no lo conocíamos e ignorábamos de su existencia hasta que apareció en los medios responsabilizándonos de su secuestro y de las agresiones que le fueron infligidas, señala.

Sonados casos, como el de Florence Cassez y otros como los que costaron la vida al joven Fernando Martí y a la hija del señor Nelson Vargas, prueban el involucramiento de los cuerpos policiacos en la actividad que debieran combatir y, especialmente, la descomposición existente en sus mandos, los que contra toda lógica, evidencia y denuncia ciudadana siguen protegidos, ni más ni menos, por el Ejecutivo Federal, añade.