Ordenar el uso del agua en el norte,
prioridad de agricultores

• Sobreexplotación en la Cuenca del Río Conchos propició conflictos con Estados Unidos
  Productores tamaulipecos, los más vulnerables ante la falta del líquido

Lourdes Edith Rudiño

Autoridades y usuarios de agua del norte de la República (Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León) trabajan en la elaboración de un reglamento para ordenar y distribuir el uso del agua de la Cuenca del Río Bravo, y se prevé que el documento estará listo dentro de un año o un año y medio. Si esto se logra, pero sobre todo si los agricultores toman realmente conciencia y reducen adecuadamente su consumo de agua, podrán prevenirse conflictos con Estados Unidos (EU), como los que se vivieron en la primera mitad de la década 2000-09.

Jorge Luis López Martínez, presidente del Consejo Regional Agropecuario de Tamaulipas, afirma lo anterior y reconoce que el conflicto vivido durante el gobierno de Vicente Fox, cuando EU reclamó “pago de adeudos de agua” con base en el Tratado de Aguas México-Estados Unidos de 1944, se debió fundamentalmente a una sobreexplotación del recurso que ocurre en la agricultura de nuestro país, en particular en los escurrimientos de la Cuenca del Río Conchos, en Chihuahua. La situación genera crónicamente, a partir de 1995, un déficit de agua de unos 400 millones de metros cúbicos por año en la zona.

Por ello, es imperativo ordenar el uso del agua agrícola, por varias vías: una que ya está ocurriendo, la compra de derechos de concesiones por parte del gobierno federal (de la Comisión Nacional del Agua); dos, la reducción del consumo agrícola, y tres, pasos previsibles en el cambio de uso de suelo en zonas agrícolas del norte hacia la urbanización (lo cual implicará de facto un ahorro del líquido).

El Tratado de Distribución de Aguas Internacionales de los Ríos Colorado y Tijuana y Bravo Desde Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América, Hasta el Golfo de México, suscrito por México y EU el 3 de febrero de 1944, regula el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana y establece que nuestro país debe asignar como mínimo a su vecino del norte 431 millones 721 mil metros cúbicos anuales de los afluentes del Río Bravo. Esto representa una tercera parte del agua que llega a la corriente principal de ese río procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo las Vacas. La entrega de aguas se realiza por medio de las presas internacionales Amistad, de Coahuila, y Falcón, de Tamaulipas.

Por su parte, Estados Unidos debe asignar como mínimo a México mil 850 millones 234 mil metros cúbicos y como máximo 2 mil 96 millones 931 mil metros cúbicos de los afluentes del Río Colorado, por medio de la presa Imperial, ubicada en California, según el Tratado.

López Martínez –una de las voces más visibles cuando se dio el conflicto México-EU hace unos años–, subraya que el tratado es benéfico para nuestro país, pues por el lado de Baja California, recibimos más de cuatro veces la cantidad de agua que entregamos por el lado del norte-noreste. Por tanto e crítico prevenir nuevos problemas con EU que pudieran conducir a que este país exija una revisión del Tratado; se pondría en serio riesgo la agricultura de Baja California.

El Tratado funcionó adecuadamente hasta 1995, nunca hubo problemas y las entregas de agua fueron las determinadas en el convenio, explicó, pero en ese año se observó que había muchos aprovechamientos ilegales de agua en la Cuenca del Río Conchos, y la Conagua decidió regularizarlos con concesiones otorgadas temporalmente, mientras se buscaba una solución. Esas concesiones continúan vigentes, y el uso excesivo de agua allí evita que el agua de esta cuenca (que debe ser la principal oferente para las entregas a EU, según el Tratado) escurra hasta Tamaulipas.

Por ello al momento que Estados Unidos exigió en los primeros años de este siglo la entrega de agua que le correspondía de las presas Amistad y Falcón, se tomó recurso proveniente de afluentes diferentes a los comprometidos en el Tratado, afectando el abasto de agua para el riego de la agricultura de los distritos de riego 025 del Bajo Río Bravo (Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo) y 026 Bajo Río San Juan (Camargo, Díaz Ordaz y Distrito de Abasolo), de Tamaulipas.

El 026 ha sido el más afectado, y eso involucra a más de 15 mil familias productoras de sorgo y hortalizas.

En la Cuenca del Conchos, donde hay una sobreexplotación clara, con muchos pozos que originalmente fueron abiertos de forma ilegal, la producción que se tiene es de nogal y maíz, sobre todo.

Desde 2002 hasta 2007 el conflicto internacional fue candente. Comenta López Martínez que Vicente Fox en una visita a EU se reunió con el entonces secretario de Estado de ese país, Collin Powell, quien lo recibió con la pregunta “¿dónde está mi agua?” El argumento que dio México para posponer en ese entonces la entrega de agua era que en el norte mexicano había habido sequía, pero el verdadero motivo era la sobreexplotación.

La afectación sufrida por los distritos 025 y 026 motivó de parte de los agricultores y del propio gobierno de Tamaulipas una serie de acciones legales: demandas judiciales que prosperaron hasta la Suprema Corte de Justicia (algunas todavía en proceso) y una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, así como apoyo de legisladores, y exigencia de parte del Senado de la República al Ejecutivo a no modificar en los hechos el Tratado (dada la toma de agua de afluentes tributarios no considerados en el Tratado para pagar agua a EU). Esto motivó el pago de indemnizaciones a los productores tamaulipecos.

De acuerdo con Jorge Luis López, ya la Conagua ha adquirido alrededor de cien millones de agua de las concesiones que se dieron a partir de 1995 y ha clausurado así muchos pozos en Chihuahua; con ello, ha podido reducirse el déficit anual del recurso. “Se ha resuelto un 30 por ciento del problema”.

Sin embargo, es crucial el reglamento en que se está trabajando (y que se circunscribirá a la Ley Nacional de Aguas); en los próximos seis meses quienes elaboran el reglamento –con la dirección de la Conagua– definirán con claridad una proyección del uso del agua en los distritos relacionados con el Tratado internacional en la parte nortenoreste, y dentro de un año o año y medio deberá estar listo el reglamento. La situación no es fácil pues implica mucha logística y definir a cuánta agua tiene derecho cada distrito de riego. Lo más importante en esto será la toma de conciencia de los agricultores. Otra cosa que contribuirá a reducir el déficit del agua es la tendencia a urbanizar zonas agrícolas, considerando la escasez del agua en el norte de la República.

López Martínez señaló que el ordenamiento y ahorro de agua implicaría un recorte en la producción agrícola de diez por ciento de los distritos relacionados con la Cuenca del Río Bravo, pero si no se ocurre esto, lo que sucederá es que el distrito 025 del Bajo Río Bravo será afectado con un recorte en su capacidad productiva de hasta 50 por ciento, y además resurgirían los conflictos del Tratado, lo cual no conviene de ninguna forma a México.

Recordó que el Tratado se mide por ciclos de cinco años, esto quiere decir que si en un año hay faltantes de agua en las entregas entre países, los pendientes pueden cumplirse en los años posteriores dentro de cada ciclo. El actual ciclo del Tratado es el número 30, que inició en marzo de 2009, cuando las presas internacionales estaban llenas, al tope. “En estos cinco años (del ciclo 30) no vamos a tener problemas”, pero el reglamento será fundamental.

Chihuahua

Cae la producción campesina de frijol

• Reducción de ingresos, migración y descomposición social

Lourdes Edith Rudiño

La desaparición en los años 80s y 90s de instituciones que apoyaban al campo –la Conasupo, Agroasemex, Banrural, etcétera– derivó en un verdadero quiebre para la sociedad rural de Chihuahua, una crisis que a la fecha persiste y que se expresa en una caída de los ingresos de los agricultores temporaleros y de pequeña escala; un desplome en la producción local de granos básicos; un “vaciamiento” de las comunidades rurales; una gran desesperanza de los jóvenes que no encuentran opción de empleo, y lo peor: una gran descomposición social por las tentaciones que se encuentran en actividades ilícitas y delincuenciales.

Miguel Colunga y Pedro Torres, miembros del Frente Democrático Campesino (FDC) de Chihuahua expresan muy claramente la situación, al hablar del frijol, uno de los cultivos emblemáticos de esta entidad del norte que ha sido especialmente golpeado y que incluso está en riesgo de dejar de cultivarse.

Dice Colunga: Todavía en los 80s la agricultura, sobre todo la de temporal, la indígena de alguna manera, se mantenía. En todas las comunidades y ejidos había bodegas llenas de maíz y frijol todos los años, desde antes de sembrar ya sabíamos a cómo íbamos a vender, teníamos crédito, asistencia técnica y una aseguradora; eso daba certidumbre y seguridad al productor. Las cosechas eran suficientes, y la gente tenía también pequeña ganadería (…) la agricultura era el ingreso principal, le daba para sostenerse, para vivir.

“Pero la situación se fue complicando porque desapareció el crédito, el seguro, el sistema de comercialización, eso generó incertidumbre en la gente, no sabía cómo iba a vender ni a dónde iba a entregar su cosecha. La agricultura ya no fue el principal interés de las familias, la gente se dispersó y empezó a emigrar; hubo ciudades que crecieron mucho con el asunto de las maquiladoras, como Juárez y la propia capital Chihuahua. El ingreso comenzó a provenir de las remesas desde Estados Unidos (EU) y de la mano de obra asalariada. Eso generó un desmantelamiento que vació las comunidades rurales, muchas se quedaron solas. Cayó la producción de frijol, de temporal; antes teníamos cosechas de hasta 150 mil toneladas anuales en el estado que fueron disminuyendo hasta llegar a 40 mil. Hubo gente que se fue y dejó la tierra a familiares o la rentó.

“Claro, hay otra agricultura en Chihuahua más agroindustrializada, tecnificada, de riego; por ella, Chihuahua está en los primeros lugares de México en algodón, en chile, en varias hortalizas. En este rubro se ubica también el nogal y la manzana. Entonces Chihuahua se ha polarizado más: por un lado una agricultura en decadencia, de granos básicos, maíz y frijol, en manos campesinas e indígenas, que se perdió, y otra que se sostuvo y no en muchos productores sino en pocos”.

Pedro Torres explica que el problema del frijol es que, si bien los productores han trabajado y se han esforzado por fortalecer su presencia en la cadena productiva, en el eslabón de la comercialización hay sólo un puñado de cinco o seis empresas de alcance nacional que adquieren todo lo que acopian los coyotes en campo, y son éstas las que imponen los precios al productor y al consumidor. Los agricultores no logran influir en estas decisiones y por años los precios recibidos han estado debajo de los costos de producción. Eso ocurre con la cosecha actual cuando el pago al productor ronda los siete pesos el kilo (contra nueve que en justicia, como mínimo, debería recibir el productor para cubrir costos y un 30 por ciento de utilidad), y al consumidor le llega el frijol a 16 pesos e incluso hay riesgo de que suba más, en cuanto los comercializadores tengan en sus manos toda la cosecha nacional.

La situación “ha venido deteriorando mucho la economía y la vida de los campesinos, creando una gran pobreza, hay un gran malestar social. Los propios campesinos deben dedicarse a otras actividades. Esto es origen de lo que estamos enfrentando en los últimos tiempos: inseguridad, narcotráfico, violencia… Nuestros gobiernos dicen que hacen mucho por los campesinos, pero no hacen lo que se requiere para equilibrar esos sistemas productivos, donde el agricultor debería tener un porcentaje de utilidad y el comerciante también, pero una ganancia moderada”, dice Torres, y Colunga completa con la explicación de que los apoyos a la comercialización que hay para el frijol y que opera Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) son de alrededor de mil 500 pesos por tonelada pero quedan en manos de los comercializadores y en nada benefician a productor ni a consumidor. Hoy día los campesinos están haciendo una fuerte lucha ante Aserca para que se modifique el esquema de subsidios.

Hace un año la cosecha de frijol de temporal de Chihuahua fue de 50 mil toneladas y excepcionalmente fue bien pagada, a 10 pesos el kilo. Eso estimuló las siembras y mejores prácticas productivas y hoy la cosecha (del ciclo primavera/verano 2010) alcanzó las 120 mil toneladas. Pero, advierte Colunga: “si los precios al productor se mantienen en siete pesos, para el 2011 no habrá cosecha de frijol.

El productor no va a sembrar. Lo que se viene en esta tendencia es que los niveles de producción de frijol van a caer; va a haber mucho menos frijol, vamos a tener un problema muy fuerte de desabasto. Eso nos va a crear un problema muy fuerte no sólo en el campo, también en las ciudades”. El productor promedio de frijol de temporal de Chihuahua tiene diez o 15 hectáreas como máximo, aunque la crisis ha motivado el rentismo y algunos ya siembran 20, 30 o incluso 50 hectáreas. El rendimiento que lograron en la más reciente cosecha fue de 800 kilos por hectárea y, según dice Pedro Torres, el costo por hectárea es de siete mil 200 pesos.

De acuerdo con Colunga, en los 80s-90s Chihuahua contaba con unos 120 mil productores y hoy sólo quedan 30 mil, de los cuales ocho mil 800 son pequeños frijoleros. Pedro Torres dice: “las comunidades que conozco se han vaciado en 50 por ciento de 1985 hacia acá. Yo vivo en una comunidad donde éramos arriba de 360 y hoy somos 150 habitantes. La gente se va a Estados Unidos, o a Chihuahua, a Cuahutémoc, a las ciudades muy grandes, a emplearse como jornaleros o en otros trabajos. En mi familia somos ocho hermanos y todos tenemos tierra, quedamos tres en el rancho que trabajamos las tierras de todos; cuatro se fueron a EU y otro está en México pero no trabaja en el campo… La tierra no da. En la forma como producimos diez hectáreas no son suficientes para sostener una familia”.

ILUSTRACIÓN: Oscar Mar / Santa Protectora Salvar al campo para salvar a los jóvenes del narco Los jóvenes hijos de campesinos son testigos en Chihuahua de cómo la actividad agrícola lejos de abonar al bienestar familiar lo descapitaliza, pues “prácticamente las remesas y otros ingresos están subsidiando al campo”. Ante ello y frente a una insuficiente oferta de empleos en las ciudades y frenos cada vez mayores en el acceso a Estados Unidos, “se han vuelto caldo de cultivo para el crimen organizado. Muchos ya están involucrados en actividades de narcotráfico, en los grupos de distribuidores de drogas y en bandas de sicarios; son fácilmente cooptados”, afirma Miguel Colunga, uno de los dirigentes del Frente Democrático Campesino (FDC) de Chihuahua. “De allí la importancia de la frase ‘Salvemos al campo para salvar a México’”, afirma, “pues si los muchachos tuvieran posibilidades de estudiar, de tener empleo, cambiaría la situación”. Pedro Torres, también del FDC, dice con crudeza que la criminalidad está muy pero muy extendida: “Todo mundo tiene alguien cercano, de su propia familia, que está involucrado en la situación de crimen. Si alguien dice que no, yo creo que está mintiendo. Es un fenómeno que percibo desde hace unos diez años. No es algo nuevo, pero desde que entró Felipe Calderón a la Presidencia, todo se ha hecho más evidente, todo se da a conocer”. Para las organizaciones campesinas, la situación es muy complicada y dificulta su actividad. Señala Colunga: ”No sabemos quién controla territorialmente los pueblos, no sabemos si es la policía municipal o quién. Se han generado poderes alternos que vigilan entradas y salidas. Si alguien llega en un vehículo que no es conocido en la región se investiga quién es. Y no sabemos si quienes están investigando son los cuerpos policiacos o son los delincuentes (…) Como organización, sí nos afecta. Hemos tenido líderes en comunidades que han sido afectados por el crimen organizado. Hay lugares donde no puede uno entrar en cuanto se mete el sol. “Hace días, en una asamblea hicimos una propuesta de acopiar mil toneladas de frijol en bodegas y no hubo quien asumiera el compromiso de cuidar la bodega por miedo a extorsión, a secuestro o robo. Allí están las bodegas, los equipos para darle valor agregado, para limpiar y empacar el frijol, pero nadie se quiso responsabilizar por los riesgos. La inseguridad ha crecido mucho”. Pedro Torres dice: “Considero que las organizaciones sociales estamos en bastante riesgo. Si nos metemos en la defensa de alguna persona, nos involucramos de alguna manera como persona o como organización social aunque no estemos metidos en las actividades del narco. El mismo gobierno sufre descalabros. Hasta por confusión se puede dar el caso de que uno sea atacado. Y hay campesinos que son extorsionados. Estamos en riesgo. “Los propios gobiernos son lo que han generado esta descomposición social, por las políticas cerradas que provocan la incertidumbre de mucha gente, que no tiene los recursos necesarios para mantenerse en familia, y esto a todos nos ha alcanzado” (LER).