Legisladores, magistrados y activistas resaltaron que el caso de Florence Cassez es cosa juzgada, calificaron de acertada la decisión de no repatriarla y demandaron al gobierno mexicano desmarcarse de la controversia con el presidente Nicolas Sarkozy.

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Rodolfo Campos Montejo, sostuvo que está suficientemente acreditada la culpabilidad de Cassez, por lo que el debate mediático y la pretensión de generar un conflicto entre México y Francia por este caso no tiene fundamento.

Recalcó que Sarkozy faltó al respeto a nuestro país y no tiene autoridad moral para reclamar a México por un asunto juzgado.

A su juicio, el mandatario francés debería preocuparse por resolver el conflicto con los jueces de su país, quienes han estado en huelga.

En tanto, los diputados Fernando Morales (priísta) y Pedro Vázquez (petista) y el abogado Alfonso Suárez del Real coincidieron en señalar que Sarkozy utiliza el caso de su compatriota secuestradora para distraer la atención de la sociedad francesa sobre problemas fundamentales.

Igualmente, resaltaron, el gobierno de Felipe Calderón utiliza el conflicto con Francia para levantar una cortina de humo que pretende que la sociedad mexicana no responda a la creciente intervención que la administración estadunidense ha desplegado en torno a los asuntos internos del país.

Suárez del Real consideró inadmisible que los gobiernos de ambos países hayan secuestrado la cultura al poner de por medio la celebración del Año de México en Francia.

El diputado priísta Fernando Morales dijo que la manipulación que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, implementó al recrear para la televisión la detención de Cassez no hizo más que fortalecer la imagen de la secuestradora y generó la oportunidad de que Sarkozy politizara un asunto judicial.

Por separado, el magistrado Campos Montejo reconoció que en este caso, como en otros, los montajes mediáticos o el convertir temas de seguridad y justicia en un show ponen en riesgo el trabajo de los juzgadores, y en consecuencia, afectan la credibilidad de la justicia y de la seguridad en nuestro país.

Insistió, sin embargo, en que Cassez tuvo derecho de audiencia y de debido proceso ante un juez de primera instancia, una sala de apelación y un tribunal federal, por lo que como presidente de dicha comisión nacional, no me cabe la menor duda de que hubo elementos suficientes para acreditar la culpabilidad de la francesa.

Pidió a Calderón mantenerse firme y no permitir la extradición de Cassez, porque en el país europeo la mayoría de las penas no rebasan 20 o 25 años.

La presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, calificó de acertada la decisión del gobierno federal de no permitir que Cassez purgue su condena en Francia, ya que las instituciones judiciales mexicanas son independientes y deben hacerse respetar en el extranjero

Insistió en que la reacción del presidente Sarkozy es desproporcionada e inusual, ya que en vez de evaluar el caso de la secuestradora desde un punto de vista jurídico, se ha dedicado a presentarlo con fines políticos, para amedrentar a México. Celebró, por ello, la decisión de Calderón de no ceder a presiones.

Con información de Fernando Camacho Servín