alderón nunca buscó mejorar la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. De haberlo buscado, el incremento en la cotización debió superar el raquítico 2.65 por ciento actual, aplicable hasta 2012.

Ahora los servicios y el asunto público están peor que antes. Como Zedillo con el 1MSS (1997), sólo buscó monopolizar en Pensionissste el uso de los fondos del apartado B.

Pero hasta en ello falló. La combinación entre lucha legal y movilización –mediante cuatro cascadas de amparos– quebró la reforma de raíz. En noviembre de 2008, un millón 800 mil trabajadores optaron por el esquema de reparto, mientras Pensionissste sumaba 294 mil.

El futuro financiero de la ley Calderón está comprometido. Para no estarlo, más trabajadores debieron optar por Pensionissste. Las cuentas individuales del apartado B y la estructura de contribuciones para sustentar los servicios, sólo crecerán con nuevos trabajadores, lo cual no ocurre. Setenta mil trabajadores precarios aguardan a la puerta. La ley está quebrada por dentro.

Al declarar inconstitucionales cinco artículos de la nueva ley –entre ellos, la propuesta original de décimo transitorio– la Suprema Corte falló que, para todos los trabajadores activos hasta el primero de abril de 2007 que despreciaron Pensionissste, opere un régimen pensionario modalizado por la edad de jubilación o retiro de la ley 1983 abrogada.

Esta sentencia constituye el triunfo del conflicto colectivo más grande del México moderno, ahora materializado en el Reglamento de Pensiones de la nueva ley (Diario Oficial de la Federación, 21/7/09). Éste establece que el impacto en materia pensionaria de los afanes de Calderón sólo se reduce al incremento en la edad. Eso es todo.

Lamentablemente no sucede así con los trabajadores de nuevo ingreso. La ley Calderón impacta todas sus prestaciones. Rompiendo la intergeneracionalidad e individualizando sus cuentas de retiro, trabajarán más y recibirán menos, particularmente las mujeres. De encontrar empleo, los poderes financieros sangrarán inmediatamente su magro fondo pensionario.

Además, los dos motivos fuertes esgrimidos: quitar presión a las finanzas públicas y mejorar los servicios, particularmente los médicos, no se cumplieron. La ley Calderón es más cara que la que abrogó. La presión sobre las finanzas públicas creció. Y los servicios no están mejor.

Como la ley dispone de más contribuciones y recursos extraordinarios pero menos carga pensionaria, los servicios deberían ir al alza.

Pero esas mejoras no se legislan. Acontecen cotidianamente en clínicas y hospitales. Sobre el seguro médico campean quejas por la calidad de la atención, sobredemanda y desabasto, a pesar del Programa Integral de Abasto en Medicamentos Exprés y el Centro Nacional de Distribución firmado por Yunes con Fármacos Especializados: 3 mil 220 millones de pesos. El mayor contrato en la historia del gobierno federal.

Igualmente grave es el incoherente crecimiento de la infraestructura –invocado como otro de los objetivos de la reforma– que consumió los 8 mil millones de pesos extras en la edificación de dos hospitales: Tultitlán, estado de México, y Emiliano Zapata, Morelos, sobrepoblando la oferta del centro del país y descuidando el norte y el sureste.

Pretextando abatir el rezago las subrogaciones cunden, mientras las ventajas de los acuerdos y compromisos de gestión no se aprecian.

Prevenissste no ha sido precisamente un éxito. Pero el director general, Jesús Villalobos, publicita ahora (con los diputados Osuna Millán, presidente panista de la Comisión de Salud, y López Paredes, presidente perredista de la Comisión de Seguridad Social) los beneficios de una iniciativa rectora de sus servicios: un acuerdo nacional por la prevención, que sobrecarga el primer nivel, asume la fantástica cobertura universal calderonista y se alinea con el evangelio panista del autocuidado de la salud compactando a la baja el catálogo de prestaciones médicas.

Tampoco se ha cumplido el programa de reforma para ofrecer los mejores resultados al derechohabiente ni el plan rector para el mejoramiento de los servicios.

Pero Yunes signó la licitación con OfiStore (servicio administrado de cómputo, impresión y digitalización de documentos) por 706 millones de pesos, mientras Villalobos firmó otra con Bestel, filial de Televisa, por 2 mil millones de pesos.

En los servicios sociales, después de las anomalías detectadas (2004) por la Auditoría Superior de la Federación sobre el sistema integral de tiendas y farmacias, se ofreció restructurarlas y habilitar un macrocentro de distribución, Superissste, con algunas ventajas en precios. Mientras, se encarecían los servicios funerarios y el SNTE aplicaba descuentos (64 pesos mensuales) a jubilados por seguro funerario con ING.

Además del atípico uso que de Turissste hace el calderonismo, sigue careciendo de proyección estratégica para su destinatario principal: la tercera edad. Además, las subrogaciones de estancias de desarrollo y bienestar infantil prosiguen en entidades federativas.

Luego del desfalco en VIMA, los 2 mil millones de pesos de que dispone desde 2006 Fovissste para otorgar créditos de cofinanciamiento con Sofoles, la calidad de las viviendas, los numerosos convenios bancarios signados por Yunes para edificar, los créditos hipotecarios a pensionados y, por supuesto, el controversial uso de los recursos de los trabajadores para financiar vivienda en general, la bursatilización de la cartera del fondo finalmente presiona sobre una limitación de los créditos personales y préstamos hipotecarios.

En el rubro de servicios culturales (programas culturales, educativos, de capacitación, atención a jubilados, pensionados, discapacitados y fomento deportivo), es mucho lo que debe hacerse. Particularmente con jubilados y pensionados que constituyen un potente activo institucional contemplado en el artículo cuarto de la ley.

Lo que sigue es reformar esa reforma.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco