FOTO: Martín García

Buenas noticias desde Tlaxcala para el maíz mexicano

Yolanda Massieu

Pese a lo negro del panorama que presenta el 2011, desde Tlaxcala nos llega una buena noticia respecto a la preservación de las variedades nativas de maíz: el 13 de enero se aprobó en el Congreso Local la Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario para el Estado de Tlaxcala.

El proceso comenzó desde 2007, cuando el grupo Vicente Guerrero (Premio AMER a la Mejor Experiencia de Desarrollo Rural Sustentable 2009) convocó a diversos actores involucrados e inició una labor de discusión y promoción para preservar las variedades criollas.

Explícitamente, la organización detectó como riesgos de pérdida de estas variedades la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la presencia de los maíces transgénicos. También observó que cuando los campesinos tlaxcaltecas no contaban con semilla propia, recurrían a los maíces híbridos de las tiendas de Diconsa. En Tlaxcala, el 70- 75 por ciento del maíz que se siembra es criollo y el estado es centro de origen del maíz. Las principales variedades criollas que se encuentran en el estado son: arrocillo, azul y blanco, bolita, cacahuacintle, chalqueño, palomero, ancho pozolero y elote cónico.

La ley aprobada tiene su origen en la iniciativa del grupo Vicente Guerrero, que fue impulsada además por varios ejidos tlaxcaltecas y por académicos y contó con el apoyo de la diputada Ana Lilia Rivera. Estos actores han participado en las ferias del maíz que se realizan en Tlaxcala y estuvieron presentes en los foros organizados para la discusión del proyecto de ley.

El dictamen reconoce que en la riqueza genética del maíz hay un “potencial para generar los maíces del futuro de México y del mundo ante el cambio climático”, así como la necesidad de “contar con una norma que identifique los problemas de la producción maicera en Tlaxcala y plantee soluciones jurídicas para mantener su calidad, permanencia y cuidado”. El documento considera importante la diversificación constante del grano y plantea acciones concretas para cuidar la diversidad del maíz, por medio del cultivo de las variedades criollas en las parcelas campesinas. Específicamente, propone la creación de un “consejo estatal del maíz”, como una instancia en la que participen los productores, sus organizaciones, los ayuntamientos, las dependencias federales y estatales y las instituciones de educación superior e investigación vinculadas a la agricultura. Una de las funciones fundamentales de este organismo sería el constante monitoreo. También el dictamen establece la creación de un programa estatal de semillas de maíz criollo, el cual buscará el abastecimiento en condiciones de equidad. Su creación y funcionamiento serán facultad del gobierno estatal, al igual que la elaboración de un registro de productores. Está contemplada la generación de fondos locales de semillas.

FOTO: David Lauer / Selección de la semilla

Durante el largo camino recorrido por organizaciones campesinas y ambientalistas, investigadores y ciudadanos diversos para la regulación de los maíces transgénicos, a partir del primer descubrimiento de contaminación en 2001 en Oaxaca, la preservación de las variedades criollas o nativas ha sido planteada como un objetivo fundamental para la seguridad alimentaria de México y el mundo. El reconocimiento de que son los campesinos quienes preservan esta riqueza, que es parte fundamental de su cultura y la de todos los mexicanos, ha sido también una de las metas en este proceso. Ambas consideraciones son parte fundamental de la ley tlaxcalteca, por lo que genera un fundado optimismo que la ley haya surgido de la iniciativa de una organización campesina con trayectoria en la preservación de la riqueza genética del maíz.

Corresponde ahora al propio grupo Vicente Guerrero y a los campesinos tlaxcaltecas, junto con sus aliados: los académicos y la ciudadanía en general, así como las dependencias gubernamentales, vigilar el cumplimiento de la nueva ley. Esta labor es más imperativa en el momento actual, dadas las presiones de las empresas trasnacionales para llegar a la siembra comercial de maíz transgénico. Aquí también hay buenas noticias, pues la Secretaría de Agricultura acaba de negar el permiso a la compañía Monsanto para escalar sus pruebas experimentales a cien hectáreas en Sinaloa. La empresa ha impugnado la decisión, y alega que sólo con maíz transgénico se podrá recuperar la autosuficiencia alimentaria del país. Es decir, ignora completamente el potencial de los maíces criollos y el papel fundamental de la agricultura campesina en su preservación, justamente lo que reconoce la ley tlaxcalteca. Por lo pronto, no hay siembra pre-comercial autorizada de maíz transgénico en Sinaloa y los campesinos tlaxcaltecas cuentan con un instrumento jurídico para defender sus variedades y su producción.

Confluencia de voluntades
para afrontar la pobreza rural

• Urgente, frenar la desesperanza juvenil, la violencia y la ilegalidad

José Antonio Mendoza Zazueta

Una treintena de personajes de la academia, de organizaciones sociales y empresas, así como del ámbito gubernamental, pretenden empujar propuestas que modifiquen las políticas públicas orientadas a enfrentar la pobreza rural. Este grupo comenzó a sesionar formalmente con tal propósito el 19 de enero pasado, en el marco de un proyecto denominado Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, que ejecuta Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El reto no es poca cosa y el sentimiento es de urgencia: los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), contenidos en su Panorama social de América Latina (de diciembre de 2010), indican que en México 46 por ciento de la población nacional sufre pobreza y pobreza extrema, con datos al 2008. Pero la estadística se dispara al considerar exclusivamente las zonas rurales, donde más de 60 por ciento de las personas son pobres y tres de cada diez viven en la indigencia, esto es sufren la peor y más inhumana de las carencias, la de los alimentos. Como dato comparativo, en el ámbito urbano uno de cada diez mexicanos padece hambre.

La iniciativa –que se ejecuta paralelamente en Colombia, Ecuador y El Salvador– ha sido asumida con gran compromiso por el rector de la UNAM, José Narro Robles, y por el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, el primero con el liderazgo del proyecto desde la perspectiva de la sociedad y el segundo desde el plano de la autoridad gubernamental. Y el coordinador general del proyecto en los cuatro países, Julio Berdegué, que es investigador de Rimisp, con sede en Santiago, Chile, ha sido muy definitivo al afirmar ante el grupo de trabajo y ante la prensa misma que a pesar de los múltiples programas y estrategias aplicados en América Latina, y particularmente en México, la pobreza rural no está retrocediendo con la velocidad que requieren las familias afectadas y, en realidad, que requieren los países, pues si bien el problema es un asunto de dignidad y justicia social, “también es componente y causa de otros problemas críticos en la región: la desesperanza, el sentido de exclusión que millones de jóvenes sufren, la violencia y los conflictos sociales y políticos”.

El objetivo del proyecto es generar un encuentro de voluntades de los personajes convocados –y que aceptaron participar–, porque son hombres y mujeres con capacidad de incidir directa o indirectamente en la agenda del gobierno para el logro de políticas públicas enfocadas a la superación de la pobreza rural que sean realmente eficaces y de alto impacto. En el grupo participan personalidades de la talla de Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la UNAM y coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social; Heladio Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores; Roberto González Barrera, presidente del Grupo Maseca; Lorenzo Servitje, presidente honorario del Grupo Bimbo; Juan Carlos Cortés, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) y experta en micro finanzas y bancos rurales, y Julia Carabias, ex secretaria de Medio Ambiente, entre otros de igual valía.

Siendo objetivos, esta tarea de hacer confluir intereses y voluntades de un grupo tan diverso como el que aquí menciono no es fácil, pues siendo la pobreza rural un fenómeno multidimensional, crónico y transgeneracional, tiene múltiples facetas que han dado pie a diversas y variadas intervenciones públicas y al juego de diversos intereses no siempre complementarios entre sí y en algunos casos incluso contradictorios.

Ello se agudiza ahora, cuando las fuerzas políticas están confrontadas cada vez más en contiendas electorales y cuando la sociedad rural está en medio de las presiones generadas por la modernización, la sociedad de consumo y la situación global de volatilidad de precios y cambio climático, todo lo cual trastoca las estrategias tradicionales de trabajo y vida y las necesidades y expectativas de la gente, propiciando con ello la emigración y el deterioro del tejido social y familiar, y peor, haciendo más tentador el acceso a las actividades ilícitas.

Pero la pobreza rural es de tal magnitud y complejidad que requiere soluciones que rebasan el ámbito gubernamental y además exige una participación ciudadana responsable y comprometida. El propio rector José Narro llamó al grupo a acometer una hazaña pues enfrentar la pobreza lo amerita de verdad, y así lo dijo literalmente.

FOTO: Cristina Rodríguez / La Jornada

Las evaluaciones y los estudios más recientes sobre pobreza rural, algunos elaborados por organismos multilaterales, arrojan conclusiones que llaman a la reflexión y a la tarea de ajustar las políticas públicas. Entre ellas está el que en México se gasta mucho y se obtiene poco; además no existe una correlación consecuente entre el incremento porcentual del gasto público y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) primario; la agricultura es una valiosa plataforma, pero no puede por sí sola resolver la pobreza rural; los subsidios públicos al medio rural –casi 300 mil millones de pesos anuales en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC)– están más orientados a la provisión de apoyos a privados que al gasto en bienes públicos.

Y por último, la inclusión financiera y el acceso a servicios financieros integrales no están debidamente considerados en el gasto público, a pesar de su innegable valor y pertinencia en la superación de la pobreza alimentaria (como resalta Isabel Cruz: los censos agropecuarios más recientes muestran que sólo seis por ciento de todos los productores del campo del país tienen acceso al crédito y apenas tres por ciento al servicio de ahorro).

Estas ideas estarán puestas sobre la mesa de discusión del grupo de trabajo conformado en el proyecto mencionado, y también estarán los indicadores estructurales de la población rural pobre:

Según el padrón de beneficiarios de Oportunidades, la mayoría de estas personas carecen del activo tierra, y quienes sí tienen no pueden vivir de la agricultura, pues sus predios son reducidos y dependen del temporal. Asimismo, esta población muestra un fuerte rasgo étnico y una creciente proporción de hogares con jefatura femenina, altas tasas de dependencia alimentaria y bajos niveles de desarrollo humano. Está altamente expuesta a los riesgos y choques macroeconómicos y a las contingencias climatológicas, además de que los recursos naturales de su entorno están seriamente deteriorados. La población vive dispersa y en relativo aislamiento, enfrentando en consecuencia un difícil acceso a los mercados, a los servicios, incluso los de salud, y una muy deficiente conectividad.

Estamos hablando de micro regiones y miles de comunidades marginadas con empleo precario, estacional y con limitado acceso a la seguridad social, que irónicamente son receptoras de importantes volúmenes de dinero fresco por medio de transferencias públicas, remesas o la venta de sus productos y mano de obra, pero que no cuentan con la cultura financiera ni el acceso a los servicios financieros integrales que facilitan el ahorro preventivo o los micro seguros de vida para enfrentar las temporadas de menor actividad económica.

En fin, los datos, los diagnósticos allí están. Lo que esperamos es que el grupo de personajes convocados se pongan de acuerdo e incidan efectivamente en una mejora de las condiciones de la población rural.

Secretario técnico del Grupo de Trabajo en Pobreza Rural y Desarrollo

Guerrero

El rancho ecológico de armando salgado

• Fotografo lagendario, hoy ambientalista

FOTO: Federico Campbell Peña

Federico Campbell Peña

El atardecer irrumpe detrás de Armando Salgado, el fotógrafo de los Halcones, el 10 de junio de 1971; el de Genaro Vázquez Rojas alzado en la sierra de Guerrero; el de los copreros guerrerenses; el del 3 de octubre de 1968 en Tlatelolco, un día después de la masacre.

Salgado fue el enviado de las revista Por qué? a Colombia para visitar los campamentos del Ejército de Liberación Nacional. Y es autor del libro Una vida de guerra, editado por Planeta y recientemente por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Fue colaborador de la extinta publicación Sucesos para todos y otras revistas de la época.

Desde 2000, Salgado decidió abandonar la Ciudad de México, su departamento en Lindavista, “ante la inviabilidad de las urbes”, comenta. Entonces fundó un rancho ecológico en Pilcaya, población al norte de Guerrero cercana a Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Construido con esmero familiar con una plancha que durante el día capta la energía solar y recoge el agua de lluvia para uso doméstico, el rancho ecológico ha comprobado en una década su viabilidad para autoconsumo doméstico: tanto de energía como de alimentos orgánicos ajenos a cualquier pesticida. Todos los días soleados, un acumulador LTH colocado debajo de un portón convierte la luz solar en corriente eléctrica para ser utilizada por la noche. No sólo satisface el consumo doméstico, “sino que evitamos a la Comisión Federal de Electricidad”, añade.

FOTO: Armado Salgado

Entre sus animales –ninguno de los cuales ha sido sacrificado pues toda su comuna es vegetariana– y sus árboles que dan limones, duraznos, nísperos, papayas y aguacates, narra su aspiración a que este proyecto práctico cotidiano sea seguido por otros. Es un camino que él denomina Desconcentraciones Urbanas Amigos del Medio Ambiente (DUAMA).

DUAMA “es la expresión real de las comunas chinas, los kibutz en pequeña escala a nivel familiar, primer paso para trasladar a la familia de la ciudad al campo, pero no para fundar más planchas de asfalto, sino para descongestionar las urbes poco a poco, diseminando comunidades autosuficientes y autosostenibles”, explica.

“DUAMA es una alternativa al caos urbano, a la violencia citadina, a vivir en las ciudades. Lo mejor es emigrar al campo pero no para fundar poblados, sino ranchos ecólógicos aislados, que no generen problemas sino soluciones a corto, mediano y largo plazos resolviendo el sostén de familias o comunas verdes sin detrimento de la naturaleza”, añade cuando ya la bóveda celeste cubre el rancho ecológico cual si estuviéramos en un observatorio astronómico.

Sonora Las caras de la sostenibilidad hídrica Osvaldo Landavazo, Jorge L.Taddei y Víctor Herrera Varias acciones y proyectos del agua en México son elementos de una política hídrica neoliberal que, invocando modernidad, arrasa al campo y a las ciudades con fenómenos contrapuestos de sequía-inundación y soslaya el avance de otras regiones (semi)áridas sobre la sostenibilidad hídrica basada en el ciclo natural. Con la tardanza de México en investigar y aplicar la cosecha del agua de lluvia y su recarga masiva y almacenamiento subterráneo contra la evaporación o administración conjuntiva superficial-subterránea, para integrarlas con la conservación o restauración de suelos, acuíferos y ecosistemas, se gestan rezagos de 50 años en lo hídrico para zonas semiáridas y el país en su conjunto. FOTO: María Luisa Severiano / La Jornada La cultura del agua en el México (semi)árido se impregnó en el siglo XX de conductas propias de las zonas húmedas, causando estrés hídrico o presiones sobre las ciudades y el campo y debate sobre el tema, con decisiones y obras tradicionales que complican la problemática. Los proyectos que impone la autoridad no cubren restauración ambiental, ni conservación de agua o suelo y traen en común el derroche y la retórica del “nuevo modelo de desarrollo sustentable”, que sólo evidencia sustento económico para pocos. Bajo tal enfoque en el país, zonas de aproximadamente 0.5 m de lluvia/año como Sonora y Nuevo León, alternan sequía con inundación y sucede igual en zonas seis veces más lluviosas como Tabasco. Cada año, presas del noroeste pierden por evaporación la mitad de su agua, lo que es evitable mediante cuotas para recargar acuíferos. Se elude el uso de fosas en el campo, con las que otros países captan picos de inundación para recarga, y las presas no se acoplan para trasvasar a zonas secas. Instancias como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) investigan y difunden las técnicas de captura, pero el gobierno tira el agua al mar con base en la ley. Vivimos una política hídrica neoliberal que usa las tecnologías sólo para lucrar Con buena política hídrica no se combatiría la sequía invadiendo a un campo indefenso con transgénicos, invernaderos y riegos eficientes, mientras productores consentidos sobreexplotan acuíferos costeros, ni se culparía a la luna o al cambio climático por la inundación. El doble discurso sobre la escasez del agua de beber y de su calidad en la red favorece a corporaciones concesionarias de la purificación del líquido con técnicas para medios contaminados y aniquila el presupuesto familiar, situando al país en el primer lugar en contaminación con basura plástica y en consumo de bebidas chatarra. Cabe destacar que la lucha ambiental mexicana es contra la injusticia y no contra tecnologías innovadoras, pero a éstas se les debe dar uso marginal, sin colgarlas del neoliberalismo. México sufre un retraso de medio siglo en lo hídrico. Desde los años 60s, en el suroeste de Estados Unidos y en otros sitios se captura agua de tormentas y escurrimiento del campo y las ciudades, para recarga subterránea extra. Un manejo conjuntivo mejoró hacia la administración conjuntiva por Almacenamiento Subterráneo con Recuperación ASR o Aquifer Storage for Recovery, técnica que los inversionistas llaman aquifer banking, como perfección de la recarga artificial por absorción e inyección para conservar un mundo de agua, y que frena la subsidencia o hundimiento del suelo en el campo y en casos urbanos como el de la Ciudad de México. Si emulamos la descripción del progreso por “olas”, para lo hídrico, una primera ola ha sido el uso de grandes presas hoy azolvadas y del agua subterránea que “sigue convirtiendo desiertos en vergeles” con la revolución verde y sus fertilizantes inorgánicos. La segunda ola hídrica que complementa una embriaguez en México es el cúmulo de tecnologías ajenas para purificar agua en medios contaminados, las del riego eficiente, las ahorradoras y las transgénicas del presumido viraje a la modernidad. Es predecible la tercera ola mayor, como pena por no rescatar oportunidades pasadas en lo hídrico para administración conjuntiva y ASR propias. Si el neoliberalismo persiste y no hay buen giro en la política hídrica del país, vemos a inversionistas mexicanos a corto plazo manejando azolve en presas y a corporaciones dueñas de los acuíferos. Urge reflexionar como se hace fuera del país, en juntas y congresos, sobre las implicaciones (económicas, jurídicas, sociales, etcétera) de las tres olas sobre el campo y sobre México. Acción en ciudades bajo crisis hídrica: la cosecha familiar de lluvia y su recarga. La acción hídrica para involucrar el mayor volumen sería rural y serrana, para beneficio de toda la cuenca. Por varias razones, la nueva conciencia hídrica de México debe surgir en las ciudades y poblados, y si es cierto que el agua de lluvia anual captada en un techo domiciliario limpio cubre la necesidad anual del hogar, se puede llevar a uso sanitario, y recargar parte al acuífero con un jardín de lluvia o directamente. Los ayuntamientos, además de captura en techos pueden abrir cisternas subterráneas o estanques en parques hundidos y zonas bajas, dar tratamiento biológico, y canalizar agua a sitios de recarga costeros contra la intrusión salina. Familias e instituciones aplicarían así la sostenibilidad hídrica y el control productivo de inundación. Profesores investigadores de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora