En México operan alrededor de 77 mil estacionamientos irregulares y una población de unos 550 mil franeleros, que representan una importante fuga de ingresos para los gobiernos locales, inseguridad para el patrimonio de los usuarios de vehículos automotores y competencia desleal para las empresas que cumplen con la legislación vigente.

Según el director general de Operadora Central de Estacionamientos (OCE), Iván Gutiérrez, únicamente hay en el país alrededor de 11 mil establecimientos formales, que representan un mercado cercano a 40 mil millones de pesos anuales.

Por cada establecimiento formal hay siete que no cumplen con la reglamentación vigente y al menos 50 franeleros que no garantizan la seguridad de los vehículos, que representan el segundo elemento más importante del patrimonio familiar.

Gutiérrez habló ayer al recibir el distintivo que otorga la consultora Deloitte a las mejores empresas mexicanas, donde manifestó la urgencia de regular esa industria, de la que dependen al menos 30 mil familias en todo el país.

En el país, indicó, existe un déficit de estacionamientos porque los inversionistas carecen de estímulos para decidirse por un negocio en el que deben invertir entre 12 mil y 19 mil dólares por cajón, frente a opciones más rentables como oficinas o vivienda. “Es una de las causas que convergen para la aparición de los franeleros y la informalidad”, dijo.

Recordó que en el caso del Distrito Federal, el próximo 4 de marzo entra en vigor las nuevas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles, que obliga a los comercios y oficinas a ofrecer espacios de estacionamiento de manera gratuita para sus clientes durante dos horas. Esa nueva disposición, explicó Gutiérrez, si bien regula, también exige que los estacionamientos cuenten con seguros y tarifas iguales, cuando además el aumento de la inseguridad en las calles hace necesaria una mayor inversión y mantenimiento en los estacionamientos disponibles.

Propuso que en caso de no disponer de reservas territoriales para aumentar el número de estacionamientos, las autoridades impulsen programas de parquímetros que, a la vez de elevar los ingresos de los gobiernos locales, disminuyan la ilegalidad que representan los llamados franeleros.