Zacatecas, Zac., 17 de febrero. La presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, reconoció la apertura del gobierno de Zacatecas para tomar en cuenta a la ciudadanía en temas tan relevantes como la seguridad y la procuración de justicia.

Durante una reunión encabezada por el gobernador de la entidad, Miguel Alonso Reyes, con integrantes del Observatorio Ciudadano, Miranda de Wallace planteó la necesidad de modificar el Código de Procedimientos Penales de la entidad para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas de delitos.

El gobernador, por su parte, reiteró su compromiso de seguir trabajando para que el combate a la delincuencia se realice atendiendo las causas que la originan, y que la procuración de justicia tenga como centro la atención a las personas.

Reyes comentó que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que presentó en diciembre pasado, para crear la subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del delito, constituye una acción de avanzada, y se pronunció porque se fortalezca la seguridad en Zacatecas.

Mencionó también la importancia de la creación de una Unidad Antisecuestros, la cual tendrá como base la capacitación de sus elementos y un sistema de inteligencia eficaz.

El gobernador Reyes consideró que la delincuencia se ha incrementado en el país a partir de la desigualdad que se vive desde hace años, que propició que todo el sistema se viciara, y destacó que también debe tomarse en cuenta que un factor que influyó para colocarnos en la situación de inseguridad que se vive a nivel nacional , fue la indiferencia de la población sobre un tema que a todos involucra.

En este sentido, sostuvo que es primordial hacer conciencia de que debe frenarse la descomposición del tejido social.

Zacatecas tendrá que hacer su parte, en lo legislativo, lo ejecutivo, operativo y, evidentemente, en el ingrediente más importante que es la participación ciudadana, aseveró.

Estuvieron presentes en el encuentro el procurador estatal, Arturo Nahle García; Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); la empresaria Lucía Mazzoco; Patricia Mercado; el sacerdote Juan Diego Chávez, consejero de la CEDH, directores de universidades y padres de familia.