La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la agenda legislativa que impulsarán sus 291 diputados en los congresos locales para el presente año, en la que exigirán a los gobernadores finanzas públicas sanas, transparentes y bajo el principio ineludible de la rendición de cuentas.

Plantean, además, acotar el fuero para que los legisladores que cometan algún delito sean juzgados como cualquier ciudadano.

El presidente del partido, Gustavo Madero Muñoz, resaltó que es necesario supervisar y vigilar el gasto de los estados, porque, como nunca en la historia, los gobernadores manejan más recursos y gastan más.

Se trata, dijo en conferencia de prensa, de evitar el sobrendeudamiento, después de que esos gobiernos han llegado a niveles preocupantes, incluso rebasando algunos de los criterios prudenciales que se fijan por las propias calificadoras para no encarecer el financiamiento de esos gobiernos y, sobre todo, no utilizar otras fuentes de ingresos a las que tienen acceso.

Manifestó que la estrategia del blanquiazul es impulsar una agenda de transformación nacional, porque en muchas entidades la transición democrática está estancada en cuanto a finanzas públicas, seguridad y el diseño de colaboración y autonomía del Poder Legislativo frente a los poderes ejecutivos locales.

La coordinadora nacional de los diputados locales en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Laura Rojas Hernández, cuestionó que haya gobernadores que año con año extienden la mano al gobierno federal para exigir más recursos, cuando sus diputados federales en el Congreso de la Unión sistemáticamente han bloqueado las reformas estructurales que necesita México y ellos no ejercen sus facultades de recaudación.

Madero Muñoz también resaltó, como parte de la agenda legislativa, acotar el fuero y la inmunidad procesal para combatir la impunidad, ya que –sostuvo– los abusos del fuero han venido a desprestigiar la función legislativa más que a protegerla.

Las propuestas del PAN contemplan, asimismo, armonizar los estados con la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia, en temas como el narcomenudeo, extinción de dominio, abandono y sistema acusatorio.

También, impulsar iniciativas para combatir el acoso en las escuelas, la obesidad infantil y elevar la protección de los derechos de los niños.