Durante 2009, la Secretaría de Gobernación incumplió metas de ahorro y, en cambio, destinó recursos millonarios para la creación de plazas, especialmente de mandos medios y superiores. Además, contrató y pagó sueldos de manera irregular, y tomó decisiones unilaterales con el objetivo de avanzar en la expedición de la cédula de identidad ciudadana.

También hay reporte adverso en los gastos de la coordinación encargada de diseñar los festejos de las efemérides centenarias.

De acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hay un diagnóstico negativo en el ejercicio administrativo y de recursos públicos en al menos cinco áreas, responsabilidad directa de Gobernación, dependencia encabezada entonces por Fernando Gómez Mont.

En 2009, el plan era crear mil 887 plazas (incluidos 300 mandos medios y superiores) pero en realidad generó 2 mil 658 puestos de los que no dio detalles. Gobernación tampoco aplicó sus ahorros en programas de infraestructura y, por el contrario, transfirió ahorros (mil 182 millones de pesos) a las provisiones salariales.

Entre las irregularidades destaca el manejo de recursos en la coordinación ejecutiva para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, a cargo de Juan Manuel Villalpando, responsable inicial de esas tareas y, a la par, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

La ASF encontró deficiencias en la contratación de 71 empleados eventuales; diferencias por 371.3 millones de pesos entre lo que se reportó como salario a este personal y la nómina correspondiente; falta de documentación justificativa y comprobatoria de 1.2 millones de pesos, y pagos por 4.1 millones para bono navideño, precisamente para este grupo de empleados.

Estas 71 plazas eventuales se crearon –según la conclusión de la ASF– sin la descripción, elaboración de perfiles y valuación de puestos, los cuales no fueron validados ni registrados por la Secretaría de la Función Pública.

La ocupación de los puestos no se llevó a cabo mediante evaluaciones objetivas y transparentes, ya que la entidad fiscalizada exentó al personal del proceso de reclutamiento y selección de personal, advierte la ASF.

En seis casos –precisa– se efectuaron pagos por 7.8 millones de pesos, aun cuando el personal desarrolló trabajos en otras unidades administrativas y, en 18 casos, realizaron funciones administrativas en el INEHRM ajenas a los 24 proyectos de los festejos patrios.

En lo que toca al Registro Nacional de Población, la ASF también emitió un dictamen negativo en el uso presupuestal, en principio por la compra de entramado informático para el sistema Nacional de Identificación Personal y de 2 mil equipos de cómputo y software de registro biométrico, entre otros.