La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que México incumpla sus obligaciones internacionales y reiteró que Florence Cassez no será trasladada a Francia para cumplir su sentencia.

La minuciosa revisión de este caso llevó a una conclusión irrefutable: consentir en su traslado significaría autorizar que otro Estado, de manera absolutamente injustificada, permita la reducción o incluso la anulación de la pena a la que los delitos cometidos por Florence Cassez en México le hicieron acreedora, indicó.

Recordó que en el país el secuestro se sanciona con la pena máxima. Ese castigo lo pueden esperar todos aquellos que sean condenados en México por este grave delito, sean mexicanos o extranjeros.

En respuesta al vocero del gobierno de Francia, François Baroin, quien ayer exigió a México respetar los convenios internacionales que había firmado, en particular el que concierne al traslado a su país de origen de personas condenadas definitivamente en el extranjero, la SRE sostuvo que el gobierno federal cumple incuestionablemente y de buena fe sus obligaciones internacionales.

En el caso de Cassez, agregó, el gobierno de Felipe Calderón sólo se comprometió a explorar la posibilidad de aplicar el tratado de Estrasburgo, el cual señala, clara e inequívocamente, que se requiere el consentimiento del Estado de sentencia y del Estado de ejecución para que se apliquen sus disposiciones. Esto es, el traslado es potestativo para el Estado requerido.

La SRE puntualizó las causas que imposibilitan el traslado: las diferencias sustantivas entre los sistemas jurídicos mexicano y francés; las declaraciones interpretativas formuladas por Francia sobre el tratado de Estrasburgo, que constituyen un impedimento para garantizar que Cassez purgue la totalidad de su pena en territorio francés, y la condición primordial para México de que se ejecute la totalidad de la pena de 60 años de prisión que se le impuso, ya que la ley no permite que en casos de delitos graves, como el de secuestro, haya beneficios preliberatorios y reducción de sentencias.

En un comunicado, la SRE recordó que el 6 de febrero de 2009 el presidente Calderón, en respuesta a una carta del mandatario francés Nicolas Sarkozy, indicó que hasta que quedara firme la sentencia condenatoria se podría explorar la aplicabilidad de dicho convenio. Contrario a lo que han afirmado fuentes anónimas, el jefe del Estado mexicano en ningún momento se comprometió a la realización del traslado solicitado, subrayó.

La SRE enumeró las acciones del gobierno mexicano para, junto con el de Sarkozy, explorar la aplicabilidad de la Convención de Estrasburgo: la creación, en marzo de 2009, de una comisión binacional de juristas con el mandato de hacer un examen minucioso de ese tratado internacional y las sesiones que durante tres meses realizó dicha comisión.

A partir de ello, en junio de 2009 el gobierno de México concluyó que no existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de Florence Cassez a Francia. La decisión fue reiterada por Calderón, en misiva enviada a Sarkozy, el 22 de julio de 2009.