Legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión advirtieron que sería gravísimo que el gobierno federal autorice que sea personal armado de Estados Unidos el que conduzca la investigación sobre el ataque a dos agentes estadunidenses de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), uno de ellos muerto, ocurrido en el estado de San Luis Potosí.

De manera unánime, diputados y senadores señalaron que el gobierno de Felipe Calderón tiene la obligación de investigar a fondo la agresión a los dos agentes estadunidenses, pero sin permitir que los policías de ese país realicen labores de investigación que son exclusivas de las autoridades mexicanas.

En ese contexto, diputados de PRI, PAN, PRD y PT demandaron a la administración calderonista no flaquear ante la presión de Washington y mucho menos permitir chantajes que pongan en entredicho la soberanía nacional.

El priísta Felipe Solís Acero avizoró que cualquier intervención o intromisión de fuerzas policiacas de Estados Unidos en territorio nacional significaría un lamentable error diplomático y gubernamental.

A su vez, José Carlos Ramírez Marín (PRI), presidente de la mesa directiva en San Lázaro, consideró muy delicado el suceso, pero el mismo exige firmeza de parte de las instituciones mexicanas, exige certeza jurídica y un respeto absoluto a la soberanía de México. No es válido permitir que se utilice ese hecho como pretexto para más intromisiones del país vecino.

El coordinador parlamentario del PT, Pedro Vázquez, coincidió con la postura de defender el interés y la soberanía nacionales, lo que no significa, dijo, que impere de nueva cuenta la impunidad en hechos de violencia.

Para el legislador perredista Nazario Norberto Sánchez, la administración federal tiene una tarea que no puede omitir: informar los alcances en materia policiaca y de inteligencia entre Estados Unidos y México.

Expuso que el ataque a los agentes de aduanas de aquel país puede ser usado por Washington para intervenir en asuntos internos de México.

A su vez, José Luis Ovando (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, refirió que el hecho ocurrido en San Luis Potosí no afectará la relación bilateral, porque prevalece el compromiso de combatir a los criminales.

Habrá que esperar la investigación. Yo creo que es un lamentable acontecimiento para ver qué es lo que sigue, pero no creo que venga a vulnerar una buena relación que debemos fortalecer, expresó.

En el Senado, el priísta Francisco Arroyo Vieyra sostuvo: La indagatoria la debe realizar el Ministerio Público Federal, de ninguna manera la puede dirigir la FBI. Si Estados Unidos quiere ayudar aportando elementos técnicos o peritos, adelante, pero en México no pueden andar agentes de ese país armados; no estamos en condiciones, ya no de aprobarlo, ni siquiera de tolerarlo.

Ante el pleno, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, destacó que con el pretexto de delitos cometidos por el crimen organizado, el país puede vivir momentos de injerencia extranjera.

La FBI, aseveró el senador petista, ya tiene el control de la investigación y las autoridades mexicanas sirven como meros auxiliares, lo que contraviene la Constitución y la ley.

Vámonos respetando

Carlos Navarrete Ruiz, coordinador de los senadores del PRD, sostuvo en conferencia de prensa que “sería muy grave que alguna  instancia de Estados Unidos tome medidas unilaterales de pretender investigar con sus propios agentes un delito cometido en territorio mexicano.

Hay que decirle a Estados Unidos: vámonos respetando; en México hay leyes, hay instancias judiciales, hay policía investigadora, hay estado de derecho que tenemos que hacer cumplir entre todos nosotros.