Buenos Aires, 17 de febrero. La justicia argentina determinó desde finales del año pasado que las violaciones sexuales sistemáticas a mujeres y también contra algunos hombres o jóvenes detenidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983) serán juzgadas desde ahora como delitos de lesa humanidad y como tal no prescribirán.

Este accionar criminal, que se agrega a las torturas y tormentos que sufrieron miles de detenidos desaparecidos y los sobrevivientes de casi 500 centros clandestinos de detención, era juzgado como un hecho eventual.

Pero la cantidad de testimonios y personas que fueron violadas en esos recintos determinó un cambio fundamental al comprobarse que era una práctica sistemática de los represores.

A finales del año pasado fueron detenidos dos policías retirados que durante la pasada dictadura militar estaban asignados al centro clandestino D2 que funcionaba en la central policial de Mendoza, al ser reconocidos por varias detenidas como los agentes que abusaron de ellas durante el tiempo de detención.

Una testigo los señaló sin dudar como los que la violaron de modo reiterado durante los nueve meses que estuvo detenida en ese centro clandestino.

Rosa del Carmen Gómez, Silvia Ontivero y Luz Faingold pudieron al fin relatar esta tragedia agregada a los tormentos que sufrieron en cautiverio.

Soportamos todo tipo de torturas, pero quizá la más horrorosa fue que por ser mujer me violaron varias veces al día cuanto señor estaba de turno, dijo Ontivero en un diálogo con la periodista Mariana Carbajal. También recordó horrorizada que otra de las detenidas que estaba recién operada fue violada de manera brutal.

Vejación sistemática

Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que los uniformados las violaban cada media hora, afirmó por su parte el sobreviviente Fernando Rule.

La parte más horrible de las torturas fue la forma como el personal del D2 usaba la violencia sexual como método de tortura; la golpiza y la picana dolían, pero pasaban, pero el temor es otra cosa, es la impotencia de saber que pueden hacer con uno lo que quieran, incluso humillar, y eso hicieron con las violaciones, dijo el testigo, en ese doloroso infierno donde están obligados a recordar para que la justicia actúe.

Agregó Rule: A mi mujer la violaban a metro y medio de mi celda. Un día me hicieron tocarla para que viera que estaba colgada, desnuda, e hicieron obscenidades y las relataban. Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o en 20 ocasiones por día.

Fernando Rule fue detenido el 9 de febrero de 1976 con su compañera Silvia Ontivero, quien entonces era delegada de la Asociación de Trabajadores del estado.

Ingresé embarazada al D2, pero lo perdí por la tortura y las violaciones, relató Ontivero ante el tribunal oral federal número uno, durante una audiencia realizada el 20 de noviembre pasado.

Rosa del Carmen Gómez, quien había sido detenida en junio de 1976 por una confusión ya que sus captores creían que era una jefa guerrillera, sufrió violaciones y torturas durante nueve meses. Pero además fue testigo impotente de violaciones en el D2.

Ella fue quien identificó a sus violadores Y la valentía de estas mujeres hizo posible que su ejemplo fuera seguido por muchas otras que habían mantenido en silencio, por vergüenza ante sus familias, lo que les sucedió.

Viviana Begel, abogada querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, sostuvo que debido a estos nuevos pasos judiciales se constató que las violaciones sexuales se produjeron en todos los centros clandestinos en forma sistemática. También son estremecedores los testimonios de mujeres embarazadas violadas en todos los centros clandestinos de detención.

Los primeros pasos se dieron en abril de 2010, cuando un tribunal federal oral de la provincia de Santa Fe produjo el primer fallo en el que se establecía que la violación en esas circunstancias era un delito de lesa humanidad. Desde allí se llegó a Mendoza y a los juicios que están en marcha durante este año, decisivo para avanzar contra la impunidad.

Los organismos de derechos humanos estiman que este es un gran paso dado en Argentina y debe ser ejemplo en otros países que vivieron dictaduras similares.