La desaparición de tres miembros de la familia Reyes Salazar y el incendio de su casa, ocurrido el martes, muestra el grado de impunidad con la que se manejan grupos criminales en esta localidad y en poblados agrícolas del valle de Juárez, consideraron activistas de los derechos humanos, mientras que para Amnistía Internacional (AI) este caso es un emblema de los agravios contra activistas y evidencia la incapacidad del Estado para evitarlos.

Alberto Herrera, director del organismo internacional, consideró que no es adecuado que el gobierno federal sólo se enfoque en el combate a la delincuencia organizada. Señaló que el asesinato de la activista Josefina Reyes, ocurrido en enero de 2010, la ejecución de su hermano siete meses más tarde y, la semana pasada, el secuestro de otros dos de sus hermanos, Malena y Elías Reyes, así como la esposa de este último, hablan de que hay una violencia no sólo focalizada en uno de los miembros de la familia, sino contra varios de ellos. Podría hablarse, incluso, de exterminio; aunque la palabra es muy fuerte, definitivamente lo que hay es violencia contra toda la familia, advirtió.

“El mensaje puede ser muy claro: ‘dejen de hacer lo que están haciendo. Salgan del camino o váyanse a otro estado’”, comentó Herrera.

En Ciudad Juárez, Marisela Ortiz, de la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo que es urgente organizar un sólido frente común para enfrentar la embestida de delincuentes, quienes aparentemente cuentan con la protección de autoridades, y que aprovechan la ola de violencia para amenazar, e incluso eliminar a luchadores sociales y activistas en favor de los derechos humanos.

Ortiz, quien ha sido amenazada y víctima de la violencia –su yerno Jesús Alfredo Portillo fue asesinado en noviembre de 2009–, afirmó que las amenazas, crímenes y desapariciones de activistas sociales modifica el trabajo, el actuar en defensa de las garantías constitucionales.

Agregó que en el caso de la familia Reyes Salazar se debe responsabilizar al Estado, que no ha actuado para proteger la vida y propiedades, ya que en estos momentos ni siquiera la vida de Marisela, de su hermana y activistas en huelga de hambre han cuidado.

Es más, dijo, las autoridades ni siquiera han sido capaces de atender con médicos la salud Marisela Reyes, quien está en huelga de hambre desde la semana pasada para exigir que se devuelva con vida a sus hermanos Elías y Malena, lo mismo que a su cuñada Luisa Ornelas, levantados el pasado 7 de febrero.

Según Ortiz, el asesinato de Marisela Escobedo, a quien se dio muerte en diciembre anterior ante el palacio de gobierno de Chihuahua, cuando protestaba para exigir la aprehensión del homicida confeso de su hija Rubí Marisol Frayre –liberado en un juicio oral–, demostró que las personas que matan luchadores sociales actúan con total impunidad.

Por su parte, la también activista Patricia Mendoza dijo que desde la semana pasada solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República medidas cautelares para la familia Reyes Salazar, entre ellas protección para sus casas y para ellos, pero hasta hoy no han hecho caso, a pesar del peligro evidente.

Claudia Reyes, hermana de los levantados y de la ayunante, aseguró que a ella y a su madre Sara Salazar no nos interesa si queman las siete casas y tres negocios que teníamos, ya que no volveremos a vivir en Guadalupe y Juárez y Reforma, ya que solamente esperamos que vuelvan con vida los tres desaparecidos.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseveró que el caso de la activista Josefina Reyes pone en evidencia la falta de capacidad para investigar, sancionar y juzgar a quien comete estos delitos. Aquí lo que hay es negligencia, porque el Estado tiene la responsabilidad de investigar y conducir con profesionalismo la indagatoria, lo que no ha ocurrido.

Arriaga añadió: el Estado “ha sido negligente en conducir las investigaciones, pues no hay resultados claros y el pretexto es decir que estos actos tienen que ver con la violencia de los cárteles, es una postura que denota falta de diagnóstico, así como políticas de seguridad carentes de resultados. Nos preocupa la falta de una estrategia clara en Ciudad Juárez y en Chihuahua”.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia sostuvo que el caso de la familia Reyes Salazar evidencia que la impunidad es generalizada en Chihuahua y en particular cuando se actúa contra defensores de los derechos humanos.