Durante 2009 la Presidencia de la República recibió ampliaciones de recursos por 700 millones de pesos, y concedió bonos de riesgo por 2 millones 438 mil a 10 funcionarios de Los Pinos, entre ellos Felipe Calderón, así como su entonces su vocero, Max Cortázar; su ex secretario particular, Luis Felipe Bravo Mena, y Patricia Flores, quien fue encargada de la oficina de la Presidencia.

En la Cuenta Pública 2009, la Presidencia reportó un presupuesto ejercido en los capítulos servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, obras públicas y inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones, jubilaciones y otras por 2 mil 515 millones 598 mil pesos. Se seleccionaron para su revisión diversas partidas de gasto por un total de mil 391 millones.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) refiere que la última revisión a la gestión financiera de la Presidencia ocurrió en 2006, por lo cual se consideró conveniente incluirla en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2009.

Adicionalmente se tomaron en cuenta diversas notas periodísticas en las que se denuncian sobregiros, así como gastos discrecionales e indiscriminados destinados al pago de bonos de altos funcionarios que afectaron el capítulo servicios generales, y se observó en el capítulo de bienes muebles e inmuebles que el presupuesto originalmente asignado de 36 millones 203 mil pesos tuvo un incremento de 930 por ciento para alcanzar un presupuesto ejercido de 373 millones 183 mil.

El análisis de la ASF se encontró con sorpresas: la Presidencia no cuenta con manuales de organización y procedimientos en los que se contemplen las funciones y atribuciones de las áreas administrativas que la conforman, por lo que en caso de responsabilidad de alguno de sus servidores públicos carecería de elementos suficientes para la aplicación de posibles sanciones administrativas.

Adicionalmente, se observó que la Presidencia no cuenta con perfiles de puestos de las áreas administrativas.

Autos y ayudas para transporte

Dentro de la partida otras prestaciones se identificaron cinco casos en los cuales, aun cuando los servidores públicos contaban con vehículo oficial asignado para el desempeño de sus funciones, se cubrió el apoyo económico para gastos de transportación.

En contestación, la Secretaría de Hacienda señaló que de acuerdo con el Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal 2009 y su artículo cuarto transitorio, los servidores públicos que contaran con el beneficio del apoyo económico y la asignación de un vehículo para el desarrollo de sus funciones al momento de entrada en vigor del citado manual podrían seguir contando con el apoyo económico hasta que concluyera el periodo de 36 meses con la asignación el vehículo; una vez concluido ese plazo, los servidores públicos deberían optar por el apoyo económico para vehículos.

En la partida pago por riesgo se ejercieron 2 millones 438 mil pesos que fueron cubiertos a diez servidores públicos de mando superior: presidente de la República, jefe de oficina de la Presidencia de la República, coordinador de comunicación social, secretario particular del C. presidente de la República, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, secretario particular adjunto del C. presidente de la República, coordinador de estrategia y mensaje gubernamental, coordinador de opinión pública, coordinador de gabinetes y proyectos especiales, coordinador de asesores. Dicho pago se otorgó considerando un rango de 552 mil 700 pesos a 172 mil.