La decisión anunciada por el presidente Felipe Calderón de hacer deducible de impuestos el pago de colegiaturas dividió opiniones entre los sectores políticos del país. El PRD la consideró una medida electorera y oportunista, mientras el PRI aseguró que el mandatario le pirateó la idea, misma que forma parte de su propuesta de reforma hacendaria. A su vez, el sector privado aplaudió la acción presidencial.

Beatriz Paredes, en sus últimas semanas como presidenta del tricolor, declaró: No nos extraña que si nos piratean candidatos, el gobierno panista nos pirateé también propuestas como la deducibilidad de colegiaturas. Y recordó que sólo en la Cámara de Diputados hay por lo menos cinco iniciativas en ese sentido presentadas por diputados priístas, que están congeladas en comisiones que presiden legisladores del PAN.

Por el PRD, Dolores Padierna indicó que más allá de la deducibilidad de impuestos a las colegiaturas, el país requiere elevar el gasto público destinado a educación, el cual se ha reducido a lo largo de los años. Esta medida, dijo, se quedará en unos cuantos y creo que es más bien para el año electoral que está en puerta.

En la Cámara de Diputados, legisladores de PRI, PRD y PT también coincidieron en los limitados alcances del beneficio fiscal e igualmente lo consideraron una acción del Ejecutivo con fines electorales.

¿Y las universidades públicas?

Trinidad Padilla, presidente de la Comisión de Educación, señaló: Lo preocupante es que no hay un esfuerzo desde el gobierno para dotar de recursos suficientes a la educación pública, sobre todo a la media superior y superior. Esperamos que esto no sea pretexto para reducir aún más el presupuesto a las universidades, donde no se advierte un real compromiso del gobierno federal.

Por su parte, los coordinadores de PRD y PT resaltaron que esta medida sólo confirma que el gobierno elude su obligación constitucional de garantizar educación gratuita y laica. Alejandro Encinas consideró contradictorio el discurso presidencial, porque por un lado argumenta imposibilidad para reducir las tasas impositivas, y hoy aplica un decreto que beneficiará, indudablemente, a un solo sector de la población.

Para el senador Ricardo Monreal (PT), el decreto firmado por Calderón sin duda responde a la demanda histórica de la derecha y del partido del gobierno. Va orientada a un sector, a fortalecer la educación privada y confesional y, pese a ello, es incompleta. El Presidente quiere resarcir la imagen deteriorada de su gobierno y busca apoyo en las clases medias.

A su vez, el senador perredista Tomás Torres apuntó que este decreto es una oferta electoral anticipada, responde a políticas partidarias más que a las públicas de gobierno. Más de 75 por ciento de la educación es pública y no es destinataria de este decreto. Es un subsidio para la clase media y alta, para los más privilegiados; está reforzando la alianza con el corporativismo sindical vinculado a la educación, pero esto no resuelve el problema del financiamiento al sector básico y normal.

En Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), calificó de oportunismo político el anuncio del presidente Calderón. Lo que se requiere, dijo, es destinar mayores recursos a los estados y municipios para la educación pública y mejorar las condiciones de las escuelas con salones adecuados, aulas de cómputo y servicios sanitarios.

A su vez, legisladoras del PAN, como la diputada Josefina Vázquez Mora y la senadora Teresa Ortuño, aplaudieron la decisión histórica del Ejecutivo federal. Reivindica, dijo la primera, los principios de Acción Nacional. Su correligionaria aseguró que se estimulará la inscripción en la educación privada. Impulsará la calidad educativa y favorecerá la economía de muchas familias.

Por su parte, el secretario de Educación del Distrito Federal, Mario Delgado, advirtió sobre la pérdida de recursos fiscales que ocasionará la decisión presidencial. Sólo recibirán beneficio por la misma 20 por ciento de las familias, y la pregunta es cómo destinar más recursos a la educación pública para fortalecerla y sacarla del atraso.

Para el sector privado, la medida representa un incentivo para la continuidad de la educación y ayudará a fortalecer el mercado interno.

En sendos comunicados, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana señalaron que el decreto presidencial es una demanda histórica del sector patronal.