La consulta pública que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pretende llevar a cabo sobre la supervía poniente nada tiene que ver con la recomendación 1/2011, pues con ella las autoridades no cumplen con su obligación de reparar el daño por la violación a los derechos humanos y es sólo una acción mediatica, afirmó el frente amplio contra la vialidad de peaje.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, se advirtió que la respuesta del gobierno de Marcelo Ebrard a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es un documento carente de fundamento, en el cual, lejos de responder a los señalamientos por los atropellos a garantías –documentados por el organismo–, se intenta desacreditar todo el sistema de protección de derechos humanos de la ciudad.

“Se demostró que la supervía es una obra viciada de origen, toda vez que la CDHDF acreditó que el título de concesión presenta serias deficiencias legales, mismas que jurídicamente permiten que sea decretada su nulidad. El GDF no sólo está en la posibilidad, sino en el deber, de comenzar un juicio de lesividad por el que sea revocado, ya que será menos costoso en este momento y no más adelante.”

El frente amplio expresó que el estricto cumplimiento de los derechos humanos no es negociable. Se cumplen o se violan.