Ante la suspicacia de que exista daño patrimonial al Estado, el grupo especial de diputados que analiza el proceso de expedición de la cédula de identidad solicitará al titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Francisco Blake, información detallada acerca de la adquisición de equipos para el registro de datos biométricos.

Debido a las dudas acerca de la legalidad en la licitación y de los costos que pagó el gobierno para adquirir los mecanismos de captura de huellas dactilares e imágenes de iris y rostro, los legisladores se reunirán el miércoles próximo con el responsable de la política interna.

Hay muchas reservas en ese sentido, lo cual es muy grave. Hemos escuchado inquietudes de legisladores quienes han cuestionado las licitaciones que se llevaron a cabo el año pasado para adquirir equipos que costaron muchos millones de pesos. Incluso ahí se habla que puede haber un daño patrimonial al Estado, dijo Canek Vázquez (PRI), presidente del referido grupo plural.

La SG no atendió el exhorto que le envió el pleno de la Cámara de Diputados para que suspendiera el proceso de expedición de la cédula a menores, en tanto se aclaraban todas las dudas que tienen no sólo los representantes populares sino consejeros electorales e integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de otros organismos.

El secretario Blake sólo tomó acuse de recibo de la solicitud y anunció que seguirían trabajando para expedir el documento en cuestión.

De hecho, tras dar el banderazo en Baja California y Guanajuato para el registro de menores, a través de módulos que se instalarán en planteles de educación básica, los enviados de la SG continuarán con esta misma tarea en Colima, tercera entidad de seis que integran el primer paquete para dar este documento a 6.8 millones de menores, de un total de 25.7 millones, durante el bienio 2011-2012. Seguirían con Jalisco, Nuevo León y Chiapas.

Esta operación está coordinada por el Registro Nacional de Población, dirigido por Manuel López Bernal, ex secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

El legislador Vázquez mencionó que ha habido licitaciones poco transparentes y confiables, en las que no han quedado claras las bases ni los análisis para la adjudicación de contratos en favor de empresas privadas.

De igual forma, dijo, tampoco hay claridad en el asunto de la captura de datos e integración de la base informática correspondiente, el manejo de la misma, así como la producción de las credenciales, a cargo de trabajadores contratados ex profeso por Talleres Gráficos de la Nación.

El diputado aclaró que no se trata de un enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo y tampoco una oposición simplista a la generación de un mecanismo de identidad de los ciudadanos.

La finalidad –indicó en entrevista– es que un proyecto de esta magnitud sea del Estado mexicano y no de un gobierno en turno que no ha dado las explicaciones suficientes al respecto.

Recordó que el decreto firmado por el presidente Felipe Calderón para incluir los datos biométricos en los registros ciudadanos de menores y adultos incluye un transitorio que da un plazo de cinco años para otorgar estos registros, incluso sin la captura de tales datos biométricos.

El viernes pasado, la SG informó de la existencia de tres medidas precautorias que le solicitó la CNDH precisamente para garantizar la confidencialidad en el manejo de datos personales y de medidas para hacer efectivo el registro sólo con la voluntad expresa de los padres o tutores de los niños y jóvenes de entre cuatro y 17 años de edad que acrediten la nacionalidad mexicana.

Como se ha difundido, la SG inició la expedición de esta cédula que es, además, un compromiso del Acuerdo por la Seguridad, firmado en 2008, que en ese momento dio un plazo de tres años para que todos los mexicanos y extranjeros residentes en nuestro país contaran con este documento.

Evidentemente, el gobierno no cumplirá con la meta porque apenas tiene un plan inicial para los menores que estudian; aún falta que precise lo conducente para los chicos que ya salieron de la secundaria –pero aún no son adultos–, así como lo que procederá con los más pequeños, desde recién nacidos hasta los cuatro años. Tampoco ha determinado lo que hará para el registro de extranjeros residentes en territorio nacional.