Ciudad Juárez, Chih., 12 de febrero. Las autoridades chihuahuenses investigan al defensor de oficio que demandó amparo de la justicia federal para el prófugo Sergio Rafael Barraza Bocanegra, condenado a 50 años de cárcel por asesinar en agosto de 2008 a su pareja sentimental, Rubí Marisol Frayre, y sospechoso de participar en la posterior ejecución de su suegra, la activista Marisela Escobedo, perpetrada el 16 de diciembre de 2010.

En el recurso promovido a principios de mes ante el tribunal colegiado del 17 circuito, el abogado Joel Meneses Hernández argumenta que las garantías de Barraza fueron violadas por el tribunal de casación, que lo declaró culpable de asesinar a la adolescente de 16 años y revocó la previa absolución dictada por los tres jueces a quienes el Congreso local instruye juicio político.

El defensor expuso que había una prohibición expresa, pero debió agotar los recursos legales en favor de Barraza conforme a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, porque se le condenó en ausencia y sin darle ocasión de defenderse.

A su vez, el director de la Defensoría Pública de Chi-huahua, Jorge Neaves Chacón, aseveró que Meneses incurrió en una muy grave indisciplina por no poner el interés colectivo e institucional por encima del individual, y su conducta se denunció ante la Contraloría estatal, pues interpuso el recurso tras fingirse aquejado por el mal de Parkinson y obtener una incapacidad por 30 días, expedida por el neurólogo Jorge Alonso Miramontes.