Ciudad Juárez, Chih. La violencia e inseguridad que afectan esta urbe complicaron el desarrollo de estrategias para prevenir o al menos reducir el daño causado por el consumo de heroína. Es un problema de salud que va en aumento y se refleja, por ejemplo, en que en una década aumentó casi tres veces el uso de esa sustancia entre las mujeres, y actualmente es posible encontrar a niños de siete años adictos a dicha droga, advirtió María Elena Ramos, directora del Programa Compañeros.

Esta organización ha trabajado desde principios de los años 90 en prevención y apoyo a los usuarios de drogas inyectables, aunque dice que en los últimos dos años ha sido más complicado realizar su labor porque los adictos se esconden para evitar ser aprehendidos por militares o policías federales.

Aun así, se siguen inyectando, y no existe garantía sobre las condiciones de higiene en que lo hacen; además, se han refugiado en sus hogares, lo cual implica un riesgo para las esposas y los hijos, afirmó Ramos.

Aunque está demostrada la eficacia de acciones como la distribución de jeringas para prevenir la transmisión de enfermedades como hepatitis y VIH/sida, la policía decomisa los contenedores con jeringas usadas y los utiliza como evidencia para criminalizar a los adictos.

En entrevista, la activista también reconoció la dificultad que existe para ampliar la cobertura del programa de reducción del daño, en parte porque sólo dos organizaciones civiles se han dedicado a esta tarea (Compañeros y Misericordia y Vida).

Indicó que de unos 5 mil picaderos que se calcula existen en Ciudad Juárez, alrededor de 30 por ciento participa en la estrategia y están comprometidos con que los usuarios no intercambien jeringas.

La finalidad es dotarlos de este insumo y que luego de utilizarlo lo depositen en contenedores de seguridad.

Ramos comentó que el uso de drogas inyectables es más frecuente en las ciudades fronterizas.

Las estadísticas oficiales señalan que 26 por ciento de los adictos en esas zonas son usuarios de drogas inyectables, mientras a nivel nacional la prevalencia es de 3 por ciento.

En Juárez significa que unas 50 mil personas son usuarios de esas drogas, y de éstas 40 por ciento son mujeres. En 2000 la población femenina representaba 15 por ciento de los adictos.

Ramos señaló que se trata de un problema difícil de abordar. La distribución de jeringas, por ejemplo, implica que los activistas deben ganarse la confianza de los adictos, convencerlos del beneficio que tendrán si se abstienen de compartir las agujas y luego de que se comprometan a mantener las medidas de seguridad e higiene.

Ahora, por las condiciones de violencia, ha habido un retroceso en el programa, pues aunque las autoridades del sector han comprendido que los adictos no necesariamente son delincuentes, en el ámbito de la seguridad no ha sido así.

Por el contrario, a partir de septiembre de 2009, cuando ocurrieron las masacres en centros de rehabilitación y la aplicación de la estrategia Todos Somos Juárez, surgieron las dificultades por la presencia permanente de soldados y policías federales que se han dedicado a perseguir y detener a los adictos que sufren violaciones a sus derechos humanos porque se los llevan también con violencia y sin tomar en cuenta que a causa del síndrome de abstinencia pueden sufrir complicaciones graves de salud.

Por otra parte, Ramos comentó sobre el programa de reducción del daño, para el cual las organizaciones civiles han contado con el apoyo de la Secretaría de Salud (Ssa), que destina una partida a la compra de jeringas.

El problema, explicó, es que la distribución se limita a que los usuarios vayan por ellas a los centros de atención y prevención de infecciones de transmisión sexual, pero no acuden.

Otro obstáculo es que las jeringas que compra el sector salud son rechazadas por los usuarios porque carecen de las características que necesitan para aplicarse la droga. A veces la aguja es muy chica y existe el riesgo de que se rompa dentro de la vena, y según el tipo de dispositivo de que se trate puede suceder que no obtengan la dosis completa.

Entonces, explicó Ramos, no es sólo comprar las más baratas, sino las que se necesitan. Comentó que el Programa Compañeros adquiere 300 mil jeringas al año, y con las que proporciona la Ssa alcanza para tener una cobertura de 30 por ciento de los adictos, aproximadamente.